El Ayuntamiento de Leioa ha sido el último en España en cerrar su sistema de bici pública. Lo hizo el pasado día 1 después de 5 años activo. Otros, como Guadalajara tiene más de cien bicicletas metidas en un almacén, las del servicio público que acabó extinguiendo tras invertir 500.000 euros. Forman parte de un lista de 70 localidades que ya lo han suprimido en España, entre ellas algunas grandes como Alicante. Otras 60 lo mantienen activo.

La bicicleta pública en Valencia se llama Valenbisi, y ha visto como en solo tres años, del 2013 al 2016, ha perdido la mitad de sus abonados. Y los desplazamientos contabilizados en cada ejercicio han disminuido en un 23%. Ha pasado de contar con 90.291 tarjetas expedidas a solo 45.026 el año pasado. Un descalabro que también se ha observado en el número de viajes, donde la disminución ha sido de casi 150.000 menos (de 624.195 a 479.561).

Barcelona es otra gran ciudad en la que Clear Channel presta el servicio de bicicleta pública aunque, a diferencia de Zaragoza, allí el consistorio colabora en sufragar el déficit. Sin embargo, la apuesta del Gobierno de Ada Colau no dista mucho de la de Zaragoza en Común: ampliar la red, más facilidades para el usuario, mejoras como la bici eléctrica y menos canon para la empresa. Pero el contrato vence en marzo y no da tiempo a licitar. Se ha prorrogado un año.

El Bicimad del Ayuntamiento de Madrid dio un cambio sustancial en su gestión el pasado mes de octubre, cuando la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se hizo cargo de su gestión, pública y sin intermediarios privados. Ahora busca la fórmula de financiarlo y no asumir el elevado riesgo del déficit, con la colocación de publicidad en las bicicletas. O consiguiendo que una marca lo patrocine. Es la única salida para evitar que el coste se le suba al usuario.