Mantener un precepto declarado insconstitucional funcionando como «una norma intermitente», que se aplica o no según sea el resultado del cálculo, es para el juez «el paradigma de la inseguridad jurídica», un principio jurídico sagrado según el cual hay que saber en todo momento a qué normas legales te atienes al realizar cualquier acción.
«Seguir determinando los juzgados si ha habido o no incremento, tal y como se había venido haciendo», considera el juez, «supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar», y dejar así «al arbitrio del aplicador -el ayuntamiento, y el juez en revisión- el cálculo y el cobro, lo que lo hace en cierta forma aleatorio.
Para el magistrado, «una vez expulsados del ordenamiento jurídico» los artículos, debe haber unos nuevos que regulen la forma de calcular si ha habido incremento de valor o no, algo que «solo corresponde al legislador». En cierta forma secunda las reiteradas peticiones de ZeC y otros gobiernos municipales que instan al ministro Montoro y al Gobierno a que regule el asunto ya.
El juez zaragozano basa su argumentación en que el Constitucional fue claro al anular los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, no ve error de interpretación, «pues en ese caso habría dicho la sentencia claramente que el precepto es inconstitucional si se interpreta de tal o cual modo, no lo habría anulado». Con lo cual, los jueces no pueden operar «en el vacío» legal.
