La ley también establece el 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática, en conmemoración del bombardeo de Alcañiz por tropas italianas en 1938. Los grupos de centro-derecha criticaron que se conmemore un ataque, así como que la ley llegase a las Cortes el 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado franquista.
Las disposiciones adicionales de la norma incluyen varias acciones de competencia nacional o estudio futuro, como la posibilidad de sancionar manifestaciones contrarias a la memoria democrática, exhumar a los represaliados aragoneses en el Valle de los Caídos, derogar la Ley de Amnistía en lo tocante a los crímenes de lesa humanidad o anular las condenas de tribunales franquistas.
Tras la entrada en vigor de la norma, los municipios que todavía tengan simbología franquista en lugares públicos (aún eran más de medio centenar en mayo, contraviniendo la ley nacional del 2007) tendrán 18 meses para retirarlos, so pena de recibir una sanción grave y otros castigos accesorios como no recibir ayudas públicas después de haber sido sancionados.
La ley contempla diversas actuaciones concretas como la creación de un Centro de Investigación de Memoria Democrática, un registro de fosas comunes, víctimas y lugares relacionados con la memoria, así como rutas, un registro público de ADN o la garantía de acceso a los documentos del periodo entre la guerra civil y 1978 para las víctimas que acrediten interés, entre otras.
La ley de memoria incorpora un régimen sancionador con sanciones de hasta 150.000 euros en casos muy graves (del nivel de trasladar los restos de una fosa común sin permido), hasta 10.000 en graves (como dañar un monumento a la memoria democrática con intención vejatoria) o leves hasta 2.000 euros, como impedir la visita pública a lugares de memoria.
