La pandemia está siendo un mundo aparte también en el mundo laboral. Al margen del aluvión de ertes y de la destrucción de empleo que ha provocado, se cuentan por miles los trabajadores que a diario no acuden a su puesto por haberse contagiado o estar en cuarentena como medida preventiva. Los datos de la Seguridad reflejan el enorme impacto que esto está teniendo. Desde que se decretó el primer estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y hasta noviembre (últimos datos disponibles), más de 10.000 trabajadores de la comunidad han pedido cada mes la baja por culpa del coronavirus y se han ausentado una media de casi 15 días.

En los nueve primeros meses de crisis sanitaria un total de 92.527 autónomos y asalariados de Aragón se vieron obligados a solicitar una baja médica y ausentarse del trabajo por esta causa. Dicho de otra manera: una media de 10.280 al mes, 1.039 a la semana, 148 al día. Los expedientes de incapacidad temporal vinculados exclusivamente al virus superan los 2,2 millones en toda España.

Conviene aclarar que todas estas bajas no son por haber sido contagiados. Las estimaciones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social apuntan a que solo el 25% corresponden con casos de covid confirmados con prueba diagnóstica, mientras el 75% son aislamientos con baja médica, ya sea por ser contactos de un infectado o por estar enfermos pero no haberse hecho la PCR. Con los datos de Aragón, serían unas 23.000 bajas por contagio y unas 69.000 por razones de prevención.

La magnitud de estas cifras se refleja en que en torno al 16% del total de 557.291 trabajadores protegidos a la Seguridad Social en la comunidad autónoma han visto afectada su jornada laboral por el coronavirus durante nueve meses que abarca la serie estadística. Esto supone que casi uno de cada cinco profesionales aragoneses han estado ya de baja por el covid-19 cuando ni siquiera ha transcurrido un año desde el inicio de la pandemia. No obstante, es un dato aproximado porque un afiliado ha podido estar inmerso en varios procesos de incapacidad a lo largo de este periodo.

Sobrecarga de burocracia

La estadística revela que Aragón ha sido uno de los territorios más golpeados por la crisis sanitaria. La incidencia de la incapacidad temporal asociada a esta enfermedad es la cuarta más alta del país, con 18,51 trabajadores de baja al mes por cada mil protegidos, por detrás de La Rioja (18,89), Navarra (22,36) y País Vasco (21,13).

Las implicaciones de este abultado volumen de bajas pueden verse desde distintos puntos de vista. En los centros de salud se ha traducido en un incremento notable de la carga de trabajo. «Se están dando situaciones muy diversas que a veces se generan conflicto y dilemas en los que nos sabemos cómo actuar. Por ejemplo, cuando viene la madre de un niño que necesita estar de bajo por un niño en cuarentena por contacto estrecho. No hay una contemplación legal para el cuidador», explica Luis Miguel García Paricio, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (SAMFyC). La parte positiva, a su juicio, es que con el covid «se ha destapado el complejo mundo de las bajas» y la necesidad de reducir la carga burocrática que conlleva estos procesos. «Desde marzo no se obliga a imprimir el papel de los partes de confirmación. Se han dado avances pero queda mucho por hacer», señala.

La saturación de los servicios sanitarios también afecta a los médicos inspectores de la Seguridad Social. «La pandemia ha venido a colapsar el ya de por si saturado sistema y ha demostrado que la dotación de las unidades médicas es insuficiente en la mayoría de las provincias», afirma María Victoria Garrido Manzano, presidenta de Apromess, la asociación que representa a este colectivo profesional. «Se nos hace complicado atender el volumen de procesos que llegan a nuestras consultas y resolver de forma ágil», explica.

Desde la óptica de las empresas, estas han tenido que capear con las constantes ausencias de trabajadores por el covid, aunque no haya habido una elevada incidencia de los contagios en los centros de trabajo. «Gestionar las bajas por covid y reorganizar el trabajo es otra complicación añadida a la gestión de los recursos humanos y de las empresas en sí, sumada a la complejísima situación que atravesamos», apunta Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón. «Son en su mayoría bajas cortas y, en los peores casos, de duración imprevisible, difíciles de sustituir, más aún en este contexto de crisis e incertidumbre», explica.

La experiencia de una industria aragonesa

Esto ha llegado a las compañías a tomar medidas inéditas. «En agosto incrementamos entre un 10% y un 15% la plantilla con eventuales en previsión del absentismo por el covid», explica el director de recursos humanos de una industria aragonesa de 300 trabajadores. De estos, 111 han estado de baja por esta causa, pero solo 26 por contagio. «Lo que se ha reducido mucho han sido las enfermedades comunes como las gripes o gastroenteritis», señala.

«El covid nos ha cogido a todos descolocados, también a las mutuas, por desgracias vamos a vivir años con este virus», explica el doctor Andrés Alcazar, médico adjunto a la dirección de la mutua Maz. «Aunque han bajado los accidentes de trabajo, la duración media de las bajas se mantiene», apunta, lo cual considera que es un efecto también del covid. Esto ha hecho incluso que haya subido un punto el porcentaje que la mutua dedica al pago de prestaciones en relación a los ingresos que recibe de las empresas a las que protege, al pasar del 12% del 2019 al 13% del 2020.

Lagunas y demandas sobre enfermedad profesional

El coronavirus ha pasado a considerarse desde la semana pasada como enfermedad profesional para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios (residencias) que se contagien, como así venían demandado las organizaciones médicas y los sindicatos. Este cambio hace que estén más protegidos «sobre todo de cara al futuro, porque no sabemos cómo va a acabar esto», destaca el doctor Andrés Alcazar, médico adjunto a la dirección de la mutua zaragozana Maz. Ahora son estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social la que pasan hacerse cargo de la cobertura asistencial de estos casos y las prestaciones económicos que pudieran derivarse.

Alcazar ve acertado el cambio: «como médico de mutua considero que nos corresponde declarar, contabilizar bien y hacer serio esto, aunque vaya a requerir una ayuda del Estado por el dineral que va a suponer». Sin embargo, se muestra crítico con la norma aprobada ante las numerosas «lagunas» y «problemas» que suscita. «Legislan pero sin un articulado que lo sostenga», apunta. Aboga además que ampliar a otras colectivo de riesgo la consideración de enfermedad profesional como policías, bomberos, militares o dentistas, siguiendo el listado de profesiones que recoge el real decreto 1299/2006 sobre la materia. La demanda es compartida por los sindicatos.