Dieciséis de abril del 2008. Esta es la fecha que preside el convenio firmado por el entonces responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, el socialista Carlos Pérez Anadón, y el presidente del Grupo Pikolín, Alfonso Soláns, un documento que esta semana se ha puesto de actualidad. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulo de pleno derecho el plan especial que permite instalar el outlet de Torre Village en los suelos de la antigua factoría en la carretera de Logroño y que empezó a fraguarse en aquel documento firmado a dos meses de abrir la Expo y cuando no había estallado todavía la crisis. Un acuerdo, una promesa política, que nunca ha tenido tanta publicidad como ahora y que, visto con la perspectiva de once años, se demuestra que no se cumplió a rajatabla.

Sus 165.303 metros cuadrados de suelo junto a la N-232 se pretendieron ampliar antes con una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la figura que los tribunales ahora han concluido que era la idónea. Para «la ampliación de sus instalaciones, en particular, la construcción inmediata de un nuevo almacén de producto terminado y dejar establecidas reservas suficientes de suelo para ampliaciones y desarrollos futuros».

Esa posibilidad de deslocalización a la que se alude ahora, quizá esas ofertas de Sevilla o el extranjero que le suponían más rentabilidad a Pikolín y el riesgo de perder empleos a Zaragoza, motivaban una modificación que, también aclaraba, «por motivos diversos» se vio «retardada». Mientras sus necesidades crecían, sobre todo de obtener una mayor «proximidad al transporte ferroviario de mercancías». Eso justifica que la empresa -la sociedad, en el convenio-, pidiera ese plan especial para la «transformación de usos» de sus suelos en la carretera de Logroño. Y, añadía, «respetando íntegramente» las «previsiones ya recogidas en el PGOU», a cambio de no irse y 2 años sin despedir a nadie.

Pero entonces no estaba Torre Village en la mente de nadie. Se comprometía Pikolín a presentar «en el plazo máximo de seis meses» un plan especial de reforma que no llegó hasta el 2014, seis años después de aquella firma. Y el outlet solo se dio a conocer días después de que el Gobierno socialista lo aprobara en solitario, y sin pasar por pleno, un mes antes de las elecciones del 2015. En base a un convenio que la ley dice que también debió someterse a información pública en el 2008 y a pasar por el pleno, pero nunca lo hizo. Se desconoce por qué, pero ningún partido lo cuestionó entonces, y tampoco ahora.

También rezaba aquel convenio del 2008 que «con carácter meramente orientativo se plantea como plazo máximo para el traslado definitivo (de Pikolín) a dichas futuras instalaciones el de dos años a contar desde la aprobación definitiva del plan especial que se presente». Tan orientativo fue que Felipe VI inauguró la nueva planta en Plaza en mayo del 2018, y la primera piedra se había colocado en febrero del 2016. La aprobación definitiva del plan llegó en diciembre del 2016, con las obras ya iniciadas y ocho años y medio después de aquel convenio del 2008. Al menos Pikolín respetó esos dos años y se trasladó 7 meses antes de que venciera.

Lo más relevante llega al final. Dice que si «por causas no imputables a las partes firmantes, resulte inviable la ordenación urbanística pretendida, no se generarán responsabilidades de ningún tipo imputables al Ayuntamiento de Zaragoza», y que «los particulares no ostentarán derecho a reclamar indemnización o contraprestación». ¿La sentencia lo es?