El pasado día 9 el Congreso de los Diputados aprobó eliminar las tuberías de fibrocemento que recorren el subsuelo de las ciudades, para abastecimiento y saneamiento del agua. Una orden basada en la presencia de amianto (considerado cancerígeno) y que, en el caso de Zaragoza, supondría extraer los 381 kilómetros de red en los que todavía permanecen. Representan el 27% de los casi 1.400 que hay. Así, obedecer conllevará un gasto de «112 millones de euros», aseguró el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz.
