Alrededor de 15.000 simpapeles que actualmente viven en Aragón perderán su tarjeta sanitaria si no están dados de alta en la Seguridad Social. Actualmente, algo más de 185.000 nacidos en el extranjero viven en la comunidad, de los que casi 88.500 proceden de países de la Unión Europea. Del resto, casi 81.000 tienen regularizada su situación, lo que dejaría en unos 17.000 los irregulares, a los que habría que restar los menores de edad --a los que se tratará igual que a los españoles--. En total, la Administración estima que pueden ser algo más de 15.000 los afectados.

El Real Decreto aprobado por el ministerio establece que los miembros de este colectivo que no estén registrados o autorizados, se queden sin tarjeta sanitaria el 1 de septiembre, si bien seguirán recibiendo atención de urgencias, asistencia al embarazo, parto y postparto.

En este sentido, el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, advirtió ayer que Aragón, junto al País Vasco, Cataluña y Andalucía, tendrá que modificar sus estatutos de autonomía para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

Aguelo señaló, además, que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad podría ser inconstitucional porque afecta a estos estatutos de autonomía, normas de carácter orgánico que un Real Decreto Ley no puede derogar.

MÁS PAGOS Además, la normativa impone el pago parcial por parte de los pacientes del uso de transporte sanitario no urgente y el material ortoprotésico y productos dietéticos pertenecientes a la cartera suplementaria. Así, no se pagará, por ejemplo, por el implante de una prótesis de cadera o rótula, pero sí por unas muletas o una férula de las que se utilizan para inmovilizar la rodilla tras una operación.

Hasta ahora, estos servicios ya se pagaban en función de un código que establecía la cantidad que debía desembolsar el usuario pero, ahora, pasará a hacerse en función de su renta.

De este modo, informaron fuentes de la consejería, ahora se trata de "organizar este tipo de servicios en función de la renta, por lo que aportan más aquellos que tienen rentas superiores y se pretende proteger a los más desfavorecidos, especialmente los parados de larga duración, pensionistas, aquellos que reciben el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y en general aquellos que carecen de recursos", apuntaron desde la consejería de Sanidad.

De hecho, el consejero, Ricardo Oliván, aclaró que el pago por material ortoprotésico se refiere únicamente a "las prótesis externas, tal y como se venía pagando hasta ahora y en ningún caso a aquellas prótesis que se implantan como consecuencia de una operación quirúrgica" y añadió que "el porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmaceútica, tomando como base de cálculo para ello el precio del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación".

Más inf. en páginas 33 y 34.