El primer semestre del curso político está prácticamente terminado y en el transcurso del mismo se han aprobado seis leyes, una media que coincide con la normal de todos los periodos de sesiones. Pero el Parlamento deja para después del verano un abundante trabajo legislativo, relativamente avanzado, eso sí. A partir de septiembre, los diputados se encontrarán hasta trece iniciativas legislativas: siete proposiciones, es decir, impulsadas por los partidos; y seis proyectos de ley, que son las que lleva el Gobierno a las Cortes. Una más si se tiene en cuenta que el Ejecutivo autonómico pretende trasladar a la Cámara autonómica la Ley de Memoria Democrática el próximo día 18, cuando se celebrará un consejo de Gobierno.

Algunas de estas iniciativas legislativas, gran parte de las cuales son de relevancia política, tendrán una rápida tramitación. Otras, sin embargo, pueden estar condenadas a encallarse, como es el caso de la renta social básica, para la que no hay por el momento acuerdo entre los grupos en la fase de ponencia.

Así, están en tramitación la ley del Taxi, la de subvenciones, la que ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Aragón, la de la reducción de los costes energéticos en los regadíos, la de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón y la proposición de ley de garantía jurídica aragonesa.

En cuanto a los proyectos, se producirá un momento histórico, dado que se tramitará, tras años de desencuentros, la pactada Ley de Capitalidad, cuyo título exacto es el de Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón. Además de este proyecto, los diputados debatirán sobre la organización y régimen jurídico del sector público autonómico aragonés, modificarán la Ley del Presidente, reorganizarán las competencias de aguas y modificarán una ley autonómica del 2012 sobre medidas extraordinarias en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Todos estos trabajos parlamentarios se simultanearán con la larga tramitación de los presupuestos autonómicos y con un pleno importante como es el de política general, en el que se debate el estado de la comunidad autónoma, que previsiblemente se celebrará en octubre.

En el caso de que todas estas iniciativas lleguen a buen puerto, el año se cerraría con una veintena de nuevas leyes aprobadas. Este primer semestre se ha hecho, además de los presupuestos, con algunas de calado político, como la reciente de Integridad y Ética públicas, o la de Cuentas Abiertas de Aragón, así como con modificaciones de otras existentes, como la de la Ley de Ordenación del Territorio.