La vida da muchas vueltas. Tantas que en mayo puedes ser la primera en manifestarte con tus compañeros en la Fiscalía General del Estado para mostrar tu indignación por las políticas del Ministerio de Justicia y en noviembre puedes ser la ministra contra la que protestan tus compañeros. Eso le ha ocurrido a Dolores Delgado, que hoy se enfrentará a la huelga general que han convocado las cuatro principales asociaciones de jueces y las tres de fiscales, incluida la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ella pertenece. En Aragón, están llamados al paro un total de 155 jueces y 61 fiscales.
No es la primera protesta que afronta desde que está en el ministerio. La semana pasada pararon los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), con un seguimiento del 45,86%, según Justicia, y los funcionarios. Pero la protagonizada por jueces y fiscales es la más dolorosa. En la última reunión con las asociaciones convocantes, Delgado advirtió de que si iban a la huelga se romperían las negociaciones que mantenían para lograr las reformas que consideran imprescindibles para la justicia.
CRITERIOS DISCREPANTES
El aviso fue destacado en un comunicado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación de Fiscales. En cambio, la UPF subrayó, en el que hizo en solitario, que valora «los esfuerzos del ministerio y el hecho de que se haya conseguido más en cuatro meses que en los siete años anteriores con el Gobierno del PP». Y añadió que su «unión a la convocatoria de huelga no lo es contra el Ministerio de Justicia actual, sino como un medio para acabar con la precaria situación del servicio público de la justicia.
Ese respaldo al actual equipo de Justicia no fue refrendado por el resto de las asociaciones, que en su comunicado mostraron su escepticismo ante la nota con la que el ministerio informó del encuentro bajo el título de que la protesta no era contra el equipo de Delgado. Las asociaciones, además, señalaron que «los partidos en el Gobierno y en la oposición parece que únicamente alcanzan acuerdos pacíficos y sólidos en lo que al control del Poder Judicial se refiere», al haberse conocido ese mismo día el acuerdo suscrito entre el PP y el PSOE para que el magistrado Manuel Marchena presida el Consejo General del Poder Judicial. Añadieron que eso ocurría en un momento de «desafección de la carrera judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la justicia sin precedentes».
