El Estado se ha convertido en el principal pagador de los trabajadores como consecuencia del impacto económico del coronavirus. Uno de cada tres asalariados aragoneses (el 32,7% del total) ha cobrado una prestación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde que se decretó a mediados de marzo el estado de alarma para frenar la pandemia y hasta el 31 de mayo. En concreto, se ha alcanzado la cifra récord de 159.067 beneficiarios, de los que la mayor parte (123.126) corresponden a afectados por ERTE, unas cifras que dan cuenta de la magnitud del desplome de la actividad en la comunidad.
El 98% de las solicitudes de paro ya han sido resueltas, de manera que se ha solucionado la demora en los pagos que se venía produciendo por el colapso administrativo provocado por el aluvión de ajuste laborales. Los casos que quedan pendientes son por nuevas prestaciones solicitadas al final de mes o debido a errores que deben ser subsanados, por ejemplo, datos incorrectos de cuentas bancarias o del DNI de trabajador.
"ESFUERZO EXTRAORDINARIO" DE LOS TRABAJADORES DEL SEPE
“Hemos vivido una situación excepcional y ha hecho falta echar mano de los todos los recurso. El esfuerzo de la plantilla ha sido extraordinaria y sin pedir nada a cambio”, destacó Fernando de Miguel, director provincial del SEPE en Zaragoza, donde se concentra el grueso de los beneficiarios de la comunidad, 125.139, de los que 97.498 son por un ERTE. El importe total abonado en esta provincia por estas prestaciones ha ascendido en el mes de mayo a 105 millones de euros y a 92 millones en abril.
Sobre los retrasos en el abono de prestaciones, De Miguel asegura que se han resuelto casi la totalidad de los expedientes, aunque “siempre quedan cosas que nos salen raras” debido a la ingente cantidad de solicitudes recibidas y las múltiples casuísticas que se dan. Uno de las quebraderos de cabeza del SEPE han sido las cuentas bancarias de Ibercaja procedente de la antigua CAI, que daban error en las órdenes de pago al haber sido renumeradas con la absorción de la entidad. Esto ha ocurrido con alrededor de 5.000 beneficiarios y ha obligado a contactar con el trabajador individualmente para resolverlo.
Si un afectado por un ERTE sigue cobrar, debe comunicarlo a través del apartado habilitado en la web del SEPE para contactar con el organismo, que dará una respuesta a su situación. Sobre el reconocimiento del complemento por hijos a cargo, desde el organismo recuerdan que no es necesario hacer ninguna gestión, ya que la información está siendo actualizada con el cruce de datos con la Agencia Tributaria.
LA DESESCALADA GENERA UNA NUEVA OLA DE TRAMITACIONES
La abultada carga de trabajo ha generado malestar entre los funcionarios del antiguo Inem ya que el Ministerio de Trabajo no ha previsto ningún incentivo por este sobresfuerzo realizado, algo que sí se ha fijado para lel personal del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que se beneficiará de un plan de intensificación y reconocimiento de horas extra tras la aprobación del ingreso mínimo vital. Los trabajadores del SEPE consideran que se trata de un “agravio comparativo” y amenazan con movilizarse.
La desescalada también se ha dejado notar en el SEPE, que ha tocado techo en la tramitación de prestaciones, pero ahora debe hacer frente a una nueva ola de tramitaciones por la progresiva reincorporación de trabajadores a sus puestos. El proceso es también complejo de abordar ya que son escasas las empresas que solicitan la retirada completa de un ERTE. La mayoría modifican las condiciones del expediente —un menor porcentaje de reducción de jornada o descenso de los días de suspensión de empleo— o el número de afectados, lo que genera múltiples situaciones y obliga a recalcar las nóminas de paro.
