La Sección III de la Audiencia impuso ayer un total de 18 años de cárcel a un grupo organizado, compuesto por siete personas, que entre los años 2016 y 2017 puso en circulación más de un millón de euros falsos en billetes de 20 y 50 euros a partir de una imprenta clandestina del barrio de San José, en Zaragoza. Uno de los acusados, el cabecilla, falsificaba la moneda, mientras que el resto le daba salida o realizaba tareas de vigilancia.

La vista oral no se llegó a celebrar porque todos los acusados reconocieron su culpa y, a través de sus representantes legales, llegaron a un acuerdo con el fiscal para reducir de forma notable tanto las penas de cárcel como el importe de las multas.

El principal imputado, Javier G. A., que está en la cárcel por los hechos objeto del pleito, fue condenado a cinco años, en lugar de los 10 que establecía el escrito de acusación. La sala, además, le aplicó dos atenuantes, la de trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas y la de colaboración con las fuerzas de seguridad en el curso de la investigación. Además, se le impuso una multa de 64.000 euros.

Cuando fue detenido, en mayo del 2017, la Policía se sorprendió de la gran calidad de los billetes que fueron intervenidos, hasta el punto de que la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenía problemas para distinguirlos de los verdaderos.

Por otro lado, a Manuel B. R., José Enrique M. L. y Raúl B. J. les correspondieron dos años y seis meses de cárcel a cada uno, con sendas multas de 16.000 euros. Por otro lado, a María Pilar S. D. y a Carlos H. P., les fueron impuestos un año y seis meses de prisión, así como sendas multas de 8.000 euros. En la mujer se da la atenuante muy cualificada de trastorno mental.

Gemma Español, abogada defensora de María Pilar S. D., aseguró al término de la sesión que el acuerdo alcanzado con el fiscal era «muy bueno». «Se ha rebajado considerablemente la pena», subrayó la letrada, que destacó que su patrocinada había desempeñado «un papel muy secundario» en la trama. En parecidos términos se expresaron los letrados Javier Osés (defensor del principal acusado) y Jesús Fernández Yubero, representante de otro imputado. «A mi cliente el fiscal le pedía tres años que, al final, se han quedado en uno y medio, con lo que evita la cárcel», señaló este abogado. Finalmente, a la acusada María Cristina Á. V. se le aplicaron dos años de cárcel y una multa de 32.000 euros. A diferencia del resto de los acusados, que fueron considerados autores del delito de falsificación de moneda, el papel de esta imputada fue calificado de cómplice.