La huelga de examinadores de tráfico a nivel nacional ha dejado a 2.800 aragoneses en la estacada, 2.000 en la provincia de Zaragoza y otros 800 en las de Huesca y Teruel, según datos de la Asociación Provincial de Autoescuelas de la capital aragonesa.

«El sector está mal, afrontando pérdidas, porque nos afectó de lleno la crisis económica y luego, cuando empezábamos a resurgir, nos golpea la huela de los examinadores», señaló ayer Sergio Olivera, presidente de las escuelas de conductores de Zaragoza.

Los examinadores llevan varios meses realizando paros para reclamar una subida salarial de en torno a 200 euros por las especiales dificultades de su labor. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT), de la que dependen en su calidad de funcionarios, se escuda en que, desde el punto de vista salarial, las competencias las tiene el Ministerio de Hacienda, que hasta la fecha se ha mostrado inflexible.

Recientemente, el Gobierno planteó la posibilidad de imponer servicios mínimos, y la respuesta de los huelguistas fue reducir las jornadas de paro, que desde que empezó septiembre son los lunes, martes y miércoles.

Sin embargo, las autoescuelas aragonesas aseguran que no se ha notado ninguna mejora en la situación de bloqueo que viven desde junio. «Los alumnos ven que no se examinan después de recibir clase y lo que hacen es no apuntarse», subraya Olivera.

Esta situación, asegura el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la Provincia de Zaragoza, perjudica especialmente a quienes preparan oposiciones.

«Hay muchos jóvenes que quieren entrar en la Policía o en el cuerpo de bomberos y que necesitan tener carnet de conducir porque es uno de los requisitos», explica Olivera.

También se ven perjudicados conductores que necesitan recibir clases para aprender el manejo de camiones y autobuses o maquinaria especial, añade.

Otro de los problemas, que se arrastra desde hace muchos años, es el de la escasez de examinadores. En la provincia de Zaragoza ejercen esta especialidad 14 personas que deben desplazarse de una ciudad a otra, en función del calendarios de las pruebas de conducir.

Los examinadores argumentan que su trabajo, por los horarios y el riesgo de accidentes, reviste una peligrosidad que debe ser compensada en las nóminas que perciben.