Las consecuencias del cierre y la estafa de las clínicas iDental en España, que también supuso la clausura del establecimiento de Zaragoza —que además carecía de licencia municipal— no cesan. En Aragón, los afectados continúan con sus movilizaciones y 200 de ellos ya han reclamado su historia clínica al Departamento de Sanidad, que se comprometió a estudiar cada caso y recuperarlas.
Además, según informó ayer la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, durante su comparecencia en la comisión del ramo, se han recibido también 194 solicitudes de pacientes que quieren acogerse al protocolo de ayuda urgente puesto en marcha en agosto. Este permite acreditar la situación de vulnerabilidad y una atención inmediata para los pacientes aragoneses.
Ventura apuntó que la cifra de peticiones podría ser más, ya que la información que han enviado al Salud las plataformas y las asociaciones podría haber unos 700 afectados.
Por otro lado, la consejera descartó cualquier responsabilidad de la administración sanitaria en el caso de las clínicas iDental y aseguró que están actuando «dentro de las posibilidades que determina el marco jurídico».
La consejera, que comparecía ante la comisión a propuesta de Podemos e Izquierda Unida, aclaró que no pueden ir «más allá» de custodiar los historiales clínicos de los pacientes afectados. «Somos custodios de esos expedientes, pero no podemos rellenar los datos que no constan, como la identidad de los facultativos que atendieron a los afectados», dijo.
Ventura detalló los pasos dados por su departamento desde que saltó el escándalo y recordó que la cartera de servicios del Salud no incluye el tratamiento de estos casos. «No pretendemos eludir el problema, pero la administración no tiene competencia en el servicio que presta un negocio privado y son los colegios profesionales los encargados de regular su práctica profesional», recalcó.
Criterios / Para acogerse al protocolo de Sanidad, suscrito junto a Ciudadanía y Derechos Sociales, la Obra Social del Hospital San Juan de Dios, la Fundación Odontología Solidaria y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, las personas deben rellenar unos formularios y acreditar varias cuestiones. Entre ellas, la situación de vulnerabilidad con información sobre renta, título de familia numerosa o monoparental.
La DGA procederá a valorar las solicitudes que sean rentas inferiores a 18.000 euros u otras circunstancias sociales de los afectados como sufrir una discapacidad o ser desempleo.
Una vez que se estudien los casos y los tratamientos posibles para las personas acogidas al plan de urgencia, se barajará la opción de poder enmarcarlos en la cartera de servicios del Salud. Así, el paso es que los pacientes sean derivados a la Unidad de Salud Bucodental correspondiente y el resto de los casos, al Hospital San Juan de Dios.
El pasado jueves, varios afectados de iDental volvieron a protestar ante las puertas de Sanidad en una concentración que se repitió en varias ciudades de España, donde la estafa ha dejado miles de perjudicados.
