Cada vez son más los usuarios que optan por moverse en bici, en lugar de en coche o transporte público. Por eso, la Inspección de Consumo del Gobierno de Aragón ha iniciado una campaña de vigilancia, visitando un total de 47 establecimientos comerciales en las las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel y analizando el estado de 95 bicicletas. El 67% de los controles realizados fueron negativos, es decir, cumplían con la normativa vigente. Además, el 85% de las bicicletas presentaba el manual de instrucciones y alrededor del 50% disponía de la placa, que informa acerca del modelo, fabricante y otros datos identificativos.

En cuanto a la declaración de conformidad, inicialmente solo el 9% de los casos disponía de una. Pero, al tratarse de un documento que deben proporcionar los fabricantes, se remitieron advertencias a los minoristas para que procedieran a solicitarla y se constató posteriormente que «más del 90% de las deficiencias detectadas habían sido subsanadas», explicó la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo.

El derecho a una garantía, a la entrega de una factura de compra, a la información de precios, así como el resto de derechos generales reconocidos en la normativa son igualmente exigibles.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios también tiene entre sus funciones garantizar la seguridad de los productos. En este sentido, en el 2017 hubo solamente una alerta nacional referida a la categoría de bicicletas y accesorios, que se trataba de una comunicación realizada por la empresa fabricante ante un riesgo de rotura de radios con posibilidad de inutilizar la pinza del freno y fue debidamente gestionada por el responsable.

En el ámbito europeo se contabilizaron 13 alertas de bicicletas infantiles y de adulto, en su mayor parte por problemas técnicos, de las que tan solo tres se habían comercializado en España y, al igual que en el caso anterior, la retirada fue llevada a cabo por el propio fabricante.