El 5,4% de la población de Aragón, un total de 74.867 personas, no puede retirar medicinas prescritas por problemas económicos, según el último Barómetro Sanitario con datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero del 2018.
Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las autonomías que lideran esta pobreza farmacéutica, que en España afecta a más de dos millones de habitantes. Así, el 11,3% de los canarios, el 7,2% de los andaluces y el 6,3% de los residentes en la Comunidad Valenciana no pueden pagar las medicinas recetadas por falta de dinero. El perfil de los afectados, según el estudio, se corresponde con pensionistas con rentas muy bajas, parados y mujeres divorciadas con hijos a su cargo a los que sus exmaridos no pasan la pensión.
Por contra, la comunidad mejor situada, en términos relativos, es Asturias, donde este problema afecta al 0,3% de la población, seguida del País Vasco, Murcia y La Rioja, con porcentajes en todas ellas entre el 1,5 y el 1,9 %, respectivamente.
El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez, criticó que el Ministerio de Sanidad no haya hecho «ningún intento» de evaluar el impacto sobre la salud de estas personas una vez que no han podido seguir sus tratamientos farmacológicos.
Para este portavoz, aunque en los últimos tres años se han producido incrementos presupuestarios como consecuencia del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria «ni de lejos se ha recuperado la situación previa a la crisis» y todas las autonomías han visto empeorar sus servicios sanitarios públicos.
En España hay distintos regímenes de copago de medicamentos, desde la subvención total que tienen los beneficiarios de pensiones mínimas y no contributivas al 60% que pagan las rentas mayores de 100.000 euros. Los jubilados con menos de 18.000 euros anuales tienen un tope mensual de 8,23 euros.
