Unas 6.000 solicitudes de ayudas al alquiler se quedan sin dotación en Aragón, según los datos ofrecidos ayer por la plataforma Stop Desahucios Zaragoza, pese a que se había presupuestado una partida de 3.899.000 euros para el plan de mediación hipotecaria y de mediación social. La partida, que no ha sido ejecutada, se incluye en los 13.389.000 del plan hasta el 2016.
Raquel de la Riva, portavoz de la plataforma, denunció la ineficacia de las medidas tomadas hasta el momento por el Gobierno de Aragón, debido a su carácter no de ley, los restrictivos criterios en cuanto a vulnerabilidad y la falta de vivienda social.
El registro de vivienda de alquiler social ha recibido, desde su creación en junio del 2013, cerca de 3.000 solicitudes, de las que se han tramitado más o menos la mitad, con aproximadamente 800 admitidos. Sin embargo hasta el pasado uno de diciembre, cuando finalmente la DGA firmó la cesión de 50 viviendas del ayuntamiento, ninguna casa disponible. Además se espera que en los próximos días el Sareb llegue a un acuerdo con el Gobierno de Aragón sobre 80 viviendas más.
La portavoz también denunció la judicialización de los procesos, que solo supone costes a la administración. Como ejemplo puso a los cuatro inminentes desahucios por alquiler, con la única alternativa de "o te vas o te vas. Y la gente se está yendo", pero no se soluciona el problema.
Mientras tanto a las asambleas de la plataforma llegan cada semana tres o cuatro nuevas familias en situación de emergencia en busca de soluciones.
