Aragón cerró ayer la firma de los convenios con las cuatro principales operadoras energéticas para evitar el corte del suministro eléctrico a las familias en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente a las facturas. Estos convenios son una de las medidas más directas de la ley de emergencia social y acceso a la vivienda y gracias a ellos ya se han atendido a más de 7.000 familias. El 70% de las mismas en la ciudad de Zaragoza, según confirmó la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto.

El coste presupuestario del compromiso contra la pobreza energética se calcula en 1,3 millones de euros. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, señaló que tras la firma de los primeros decretos «ya se han percibido cambios apreciables». En total se calcula que los servicios sociales han hecho frente a 14.089 facturas por una media de 88,2 euros por cada una de ellas. «Es dinero muy bien invertido», manifestó. La ayuda media por consumidor vulnerable ha sido de 251,55 euros.

El procedimiento para optar a estas ayudas implica a varias administraciones. En un primer momento son los servicios sociales los que alertan de los impagos por falta de ingresos. A partir de ese momento las operadoras energéticas se comprometen a mantener el suministro de electricidad o gas al usuario mientras se tramita la concesión de la ayuda al pago de la factura. En el caso de que se haya procedido a un corte en el momento del aviso a los servicios sociales la compañía solicitará a la distribuidora que reanude el servicio.

eficiencia / La presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, resaltó la importancia de los sucesivos acuerdos firmados pr la DGA para poder solucionar los problemas de las familias en riesgo de exclusión social y en los que tanto las comarcas como los municipios ponen «su granito de arena».

Según el desarrollo de la norma, los dos millones de euros que se han presupuestado en el departamento de Ciudadanía se distribuirá a través de los respectivos convenios a través de las entidades locales.

Para mejorar la eficiencia de estas medidas la DGA anticipa que se está trabajando en otro ordenamiento que permita establecer ayudas para la eficiencia energética en los hogares con menos recursos. Previsiblemente también se redactará atendiendo a la colaboración entre empresas, administraciones y servicios sociales.

Sobre la aplicación de la norma en los últimos meses, la consejera Broto destacó la «normalidad» con la que se ha desarrollado. Además, calificó como «prioridad» para todos los departamentos para incidir en su puesta en marcha.