Un 8% de los enfermos de cáncer diagnosticados en el 2017 se enfrentaron a una situación de vulnerabilidad económica y exclusión social en Aragón. Una media que alcanza el 11% a nivel nacional, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Se trata de un problema calificado como «toxicidad financiera» o «sufrimiento financiero» que no solo afecta a aquellos que antes del diagnóstico ya estaban desempleados. Las bajas laborales, especialmente en los autónomos, y los sobrecostes que origina una enfermedad de larga duración expone a los pacientes a una situación de vulnerabilidad y pobreza económica al tener que asumir nuevos gastos derivados de la dolencia como pueden ser la compra de cremas hidratantes especiales, pelucas, turbantes, sujetadores ortopédicos, prótesis mamarias temporales hasta la operación de reconstrucción de las mamas, andadores, camas articuladas, los traslados al hospital o la compra alimentos adaptados a una dieta concreta.
Esta es la conclusión de un informe elaborado por la AECC con datos del 2017 y que, por primera vez, analiza el impacto económico que supone enfrentarse a una enfermedad en todas las esferas de la vida de un paciente y de sus familias. Según sus datos, los gastos destinados a la salud pueden incrementarse de media entre un 4 y un 15%.
Hay que tener en cuenta que los enfermos de larga duración también sufren una merma en sus ingresos asociada al ajuste laboral obligado por la pérdida del empleo o la imposibilidad de trabajar, lo que conlleva bajas de larga duración, incapacidades temporales o permanentes que, en muchos casos, van acompañadas de pensiones insuficientes. Y no solo eso, sino que la persona más próxima, que suele ser de la unidad de convivencia, también tiene que alterar su vida laboral para poder cuidar del enfermo.
El estudio contempla tres situaciones: personas sin empleo (con o sin prestación económica), autónomos y trabajadores que ingresan menos del salario mínimo interprofesional (SMI), 707,70 euros mensuales.
En Aragón, siempre según el estudio de la AECC, en el 2107 se diagnosticaron 8.265 casos nuevos -excluyendo el de piel nomelanoma y pese a que la DGA habla de 5.000-, de los que 700 pacientes estaban expuestos a una situación de vulnerabilidad económica y exclusión social que se vio agravada por la convalecencia. Del total, 146 ingresaban menos del SMI en el momento de la detección del tumor (21%), 181 estaban en el paro (26%), 104 no recibían ninguna ayuda, y 373 eran profesionales autónomos (53%).
El gerente de la AECC en Aragón, Paxti García, urgió a que el Gobierno -central y autonómico- diseñe «un plan integral» de apoyo a la familia, ya no solo de acompañamiento psicológico, sino también económico. «El tratamiento se cubre íntegramente pero el proceso no termina ahí y muchas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad social que se agrava durante el proceso y que acaba convirtiéndose en el problema principal, algo que parece imposible cuando se está hablando de una enfermedad como el cáncer», comenta.
La AECC tiene ayudas específicas. Según el estudio, desde el 2010 se ha producido un incremento del 197% de las demandas sociales que reciben de pacientes y familiares -los eternos olvidados- y un 104% en el caso de las demandas de ayudas económicas para el pago de la cesta de la compra, los alquileres o los recibos.
