Casi un 80 % de los investigadores de la Universidad de Zaragoza considera que su trabajo se ha visto afectado por el cierre de archivos, laboratorios o bibliotecas a consecuencia de la pandemia de covid-19, que además ha repercutido en la actividad académica de forma severa.

Así se refleja en un estudio realizado por PIF Unizar, colectivo del personal investigador en formación de la Universidad de Zaragoza, en el que han participado más de 400 personas (un 20 % del estudiantado de doctorado y un 60 % del colectivo del personal investigador en formación) y que concluye que la situación de los estudiantes de doctorado a un año del comienzo de la pandemia es bastante precaria.

La mayoría de los encuestados manifiesta que los 79 días ampliados por la Escuela de Doctorado de la UZ, correspondientes al periodo de suspensión de los plazos administrativos -que no del estado de alarma- es un plazo "insuficiente" de prórroga extraordinaria.

Según indica PIF en una nota de prensa, este centro aplica un criterio restrictivo, a diferencia de otros del país que han ampliado incluso 5 meses la suspensión, y posiciona a los investigadores del centro público aragonés "en una evidente desventaja", lo que ha implicado que el 83 % de los encuestados haya tenido que modificar su plan de investigación e incluso replantear todo su trabajo -a veces, de años- por la pérdida del mismo.

Además de afectar a las estancias de investigación, en el estudio se recoge una queja generalizada sobre la falta de apoyo institucional por parte de la Universidad y casi un 90 % de las respuestas expresan una falta de información por parte del centro universitario.

También se constata la discriminación del colectivo predoctoral en el acceso al proceso de vacunación junto con el estudiantado de grado y máster (a pesar de que este colectivo denunció que se estaba dejando fuera a los estudiantes de doctorado de ciencias de la salud).

Se advierte asimismo un elevado porcentaje del Personal Investigador en Formación (empleados públicos de la Universidad) que no dispone de un puesto de trabajo con mesa y silla (al menos 50 personas de 300 que componen este colectivo), mientras que la proporción se eleva cuando se trata de disponer de un ordenador en el que desarrollar su investigación (más de 100 empleados).

La precariedad, advierten desde el PIF, alcanza, incluso, a la ausencia de medios para el desarrollo de su trabajo.