De las 2.552 construcciones declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC) en Aragón, 2.145, el 84% de ellas, se reparten por el ámbito rural, en pueblos y ciudades de menos de 10.000 habitantes. Una indudable riqueza patrimonial que sin embargo a menudo juega en contra de las administraciones o propietarios privados que las poseen, incapaces de afrontar los costes de un adecuado mantenimiento o rehabilitación. Un problema agravado cuando estos inmuebles o monumentos ni siquiera gozan de esta categoría de protección.
Para intentar dar solución a este problema, y frenar el goteo de noticias de derrumbes y pérdidas que, periódicamente, privan de una riqueza irrecuperable a la comunidad, el Gobierno de Aragón está liderando una reclamación para que el Estado lance un plan nacional de patrimonio rural o en áreas despobladas. Una idea anunciada a comienzos del mes de marzo, antes de que la covid-19 lo engullera todo, y que este martes fue presentada en las Cortes por la directora general de Patrimonio de la DGA, Marisancho Menjón.
RESPALDO
La idea fue aplaudida por todos los grupos políticos (no respaldada como tal, ya que no fue una moción), aunque reclamaron, en particular la diputada Pilar Cortés, del PP, que goce de una financiación adecuada, que sin duda tendrá que ser cuantiosa. Algo que se podría conocer en octubre, cuando se reúna la comisión nacional de Patrimonio, aplazada por la pandemia.
El factor económico es clave en este plan, en varias vertientes, según la exposición de Menjón ayer en el Parlamento aragonés. Siendo consciente de que el covid-19 obligará a replantear muchas prioridades, consideró que no por ello se han de abandonar las líneas de patrimonio cultural que no solo potencian «la identidad y la cultura» sino la economía, como con la creación de empleo que supone la rehabilitación de patrimonio, y la que mantiene luego en su aprovechamiento turístico. Un elemento que animó a no desdeñar, porque además de ser un recurso que «difícilmente puede ser más propio» de los municipios, puede ser un foco de creación de riqueza importante. De hecho, destacó que «más de cien alcaldes» se han puesto en contacto con su dirección general, desde que se anunció la estrategia, para destacar su confianza en su patrimonio.
CINCO AUTONOMÍAS
El plan fue propuesto por Aragón en el consejo nacional de patrimonio de comienzos de marzo, después de que, en octubre del año pasado, la dirección general de Bellas Artes del Gobierno central abriese la puerta a reformar los planes de patrimonio e incluso a aumentar su presupuesto. Esto será fundamental, ya que, según expuso Menjón, estas rehabilitaciones pueden suponer más deun millón de euros. Existen ayudas autonómicas, y también estatales, pero normalmente para solicitarlas el ayuntamiento o propietario privado ha de aportar al menos un 25% del coste. Lo cual puede parecer poco en proporción, pero en consistorios pequeños es un coste inasumible. Con las cifras de BIC, «sería como si una ciudad de 400.000 habitantes tuviera que hacerse cargo de 2.145 bienes», cuando entre las tres capitales aragonesas suman 272.
De ahí que comunidades que comparten el problema de la despoblación, como las dos Castillas, Extremadura y Galicia, hayan manifestado ya su apoyo a la iniciativa, en cuya preparación están participando los técnicos de patrimonio aragoneses.
Menjón detalló siete líneas maestras, como dar apoyo administrativo, técnico y económico a las administraciones, diseñar las actuaciones de conservación, protección y uso, colaborar entre administraciones, asociaciones y particulares, establecer prioridades según la singularidad y grado de conservación o la ordenación de las ayudas públicas actualmente existentes. Pero las líneas de trabajo no solo pasan por la ayuda directa, sino por otros «mecanismos de apoyo» como la fiscalidad, o la creación de programas de buenas prácticas en conservación y gestión de estos inmuebles, o la financiación de actividades de musealización y uso sostenible.
Los grupos se mostraron de acuerdo en la necesidad de proteger el patrimonio cultural, en particular el del ámbito rural. IU recordó la necesidad de actuar en las inmatriculaciones eclesiásticas, el PAR recordó los expolios derivados del abandono, y CHA y Podemos incidieron también en la incongruencia de que los fondos suelan ir para el patrimonio de los municipios más grandes cuando son los pequeños los que acumulan más monumentos.
