Un 89% de los establecimientos aragoneses cumple la normativa que deben acatar para no engañar al consumidor. Para llegar a esta conclusión, inspectores de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios han evaluado un total de 987 comercios en la comunidad para comprobar si se respetan los derechos de los usuarios durante la campaña de rebajas.

Este año, las inspecciones comenzaron el 30 de junio, un día antes con respecto a los años anteriores. El cambio de debe a que varias superficies adelantaron el inicio de los tradicionales descuentos del mes de julio.

El director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, destacó el «elevado grado de cumplimiento» de las normas. Aunque el mayor incumplimiento detectado se refiere a la información sobre la duración de las rebajas ya que un 35% de los establecimientos controlados, no especifica el fin de los descuentos. «Indicar las fechas es muy importante para que los consumidores puedan planificar sus compras», señaló Martínez.

Sin embargo, el 93% de los establecimientos controlados exhibe sus precios en los escaparates aunque se amplía la información en el interior. Los inspectores descubrieron que en el 96% de los casos se muestra el doble precio en el interior de la tienda, solo se hace en el exterior en el 86% de las ocasiones.

Asimismo, el director general de Protección de Consumidores y Usuarios recalcó que una rebaja en el precio no puede conllevar una reducción en las condiciones habituales de venta, algo que respeta el 98% de las tiendas revisadas. Cualquier minoración de los derechos de los consumidores es considerada como irregular.

Desde Consumo recordaron a los usuarios que deben evitarse las compras compulsivas en rebajas y que se debe adquirir tan solo lo necesario. También recomendaron comprobar los productos, leer detenidamente las etiquetas, revisar los precios y conservar los tiques o facturas por si de da el caso de hacer una reclamación posterior.

Si el cliente observa alguna incidencia con el producto, puede plantear una reclamación ante el comercio, que está obligado a dar una respuesta en el plazo máximo de un mes. Una vez transcurrido ese periodo y si todavía no se ha obtenido respuesta por parte del establecimiento o no es satisfactoria, los usuarios se pueden dirigir con una copia de la documentación a la oficina de información al consumidor o a las de Consumo de las direcciones provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales.

La organización también recomendó «comprar en los establecimientos que exhiben el logotipo de su adhesión al Sistema Arbitral de Consumo», para garantizar la solución rápida de cualquier discrepancia.