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MUTILACIÓN GENITAL

La ablación, un choque de culturas con penas equiparables a las del homicidio

Este miércoles 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina para concienciar contra lo que además de una vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas está considerada una forma de violencia contra las mujeres

 

Cartel del IAM. - EL PERIÓDICO

M. ROSA LORCA (EFE)
06/02/2019

La Mutilación Genital Femenina es una tradición ancestral que todavía practican en una treintena de países de África y Asia, que deja secuelas a las mujeres que las sufren y que en España está castigada con penas que van de los 6 a los 12 años de cárcel, mientras que los homicidios van de los 10 a los 15 años.

Este miércoles 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina para concienciar contra lo que además de una vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas está considerada una forma de violencia contra las mujeres.

Depende de cómo se ha practicado la mutilación puede generar afecciones a la salud sexual y reproductiva, infecciones y problemas psicológicos, pero también conflictos interculturales porque ponerla en cuestión supone una ruptura con las propias creencias.

En Aragón, la cifra de niñas en riesgo de sufrir una ablación no ha variado desde el año pasado, 1.500, sin embargo, desde que existen protocolos no se ha detectado ninguna mutilación ni en el territorio de la Comunidad ni en países de origen de las niñas y adolescentes, como asegura a Efe la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo.

El protocolo, actualizado en 2016, establece que cuando se detecta que una familia va a viajar a una zona con alta prevalencia de mutilaciones femeninas, se hace una revisión pediátrica a las niñas que van a viajar y las familias firman un compromiso preventivo, en el que aseguran que esta práctica no se va a producir. Al volver, la niña vuelve a ser sometida a una revisión para comprobarlo.

Salvo explica que nunca se ha detectado un caso y que, de producirse, intervendrían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la fiscalía.

Hasta el momento, cien familias han firmado ese compromiso antes de sus viajes y todo ha funcionado “bien”.

Estas familias, como señala la responsable del proyecto de prevención de la mutilación genital femenina de la ong Médicos del Mundo, Julia Moreno, participan en una serie de talleres que se imparten en la provincia de Zaragoza y en Huesca, a los que llegan a través de conocidos o derivadas por las propias matronas de la Seguridad Social cuando están embarazadas.

En unas diez sesiones fomentan el empoderamiento de las mujeres y adolescentes procedentes de países con una mayor prevalencia de esta práctica.

Desde la organización han comprobado que el proceso de reflexión con las familias es positivo, como lo demuestra el hecho de que no se hayan detectado casos.

Moreno reconoce que es una "práctica ancestral", que en estas culturas se ve como normal y que se suma al hecho de que a esta población no les gusta hablar del tema porque es algo privado.

Por eso, desde Médicos del Mundo se trabaja con los profesionales del sistema sanitario para que sepan cómo actuar por ejemplo cuando tienen conocimiento de que alguna familia va a viajar a sus lugares de origen, y también en el ámbito de la enseñanza.

Hace más de un año solicitaron al Gobierno de Aragón la creación de un servicio de atención integral a las mujeres víctimas de la ablación genital con el fin de prestarles apoyo psicológico o facilitarles la reconstrucción si lo necesitan.

Carmina Mayor, especialista en Derecho Penal y del Menor, recuerda que esta práctica, como recoge al artículo 149 del Código Penal, se castiga tanto si se ha realizado en España como si se ha llevado a cabo en el extranjero, incluso si ha sido antes de emigrar si no ha pasado tiempo para que el delito haya prescrito.

Pero es que además, con la última modificación del Código Penal, se incluyó el riesgo de perder de 4 a 10 años la patria potestad o la tutela no solo si se ha practicado en menores, sino si afecta también a mujeres con discapacidad.

Son penas que Mayor considera "correctas" para este tipo de delito por las "tremendas" consecuencias que tiene para quien sufre la mutilación y por tanto están calificados como "graves", como lo prueba el hecho de que en caso de juicio se celebra en la Audiencia y lo juzga un tribunal compuesto por tres magistrados.

En agosto de 2016 el Parlamento Panafricano (PAP), órgano consultivo de la Unión Africana, lanzó junto a Naciones Unidas una iniciativa continental para prohibir la mutilación genital femenina, Guinea Conakry lo prohibió en 2010 y Sierra Leona lo acaba de hacer. Sin embargo, es una práctica tan arraigada que según los cálculos de la Comisión Europea, 68 millones de niñas corren el riesgo de sufrirla hasta 2020.

   
1 Comentario
01

Por LIA 14:46 - 06.02.2019

Ya era hora de ver que son defendidos los derechos de esas niñas. Me parece correcto que los que permiten tal atrocidad sean duramente castigados. Y creo que estaría bien quitarles la potestad de las niñas a los padres o familiares.