El abogado y agente de la propiedad inmobiliaria (API) Feliciano O. R. aceptó ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza una condena de un año y medio de prisión y una multa de 2.520 euros por haberse apropiado de 69.353 euros de una comunidad de vecinos desde la empresa con la que llevaba su contabilidad, Gestión Profesional Micasa.

La sociedad, defendida por la abogada Elvira Fernández, fue declarada responsable civil subsidiaria del pago de la indemnización, por lo que deberá hacerse cargo de su desembolso si no la cubre el condenado.

El abogado y API se enfrentaba inicialmente a una petición de condena de dos años de prisión y 5.400 euros de multa por parte de la Fiscalía, mientras que los vecinos, en cuyo nombre ejercía la acusación particular la letrada Cristina Durán, solicitaban para él una pena de cuatro años de cárcel y una sanción económica de 1.920 euros. Ambos le imputan un delito continuado de apropiación indebida.

El acuerdo le permitió eludir el ingreso en prisión, ya que carece de antecedentes penales, aunque deberá pagar la multa y la indemnización en los plazos que le marque el tribunal para evitar el encarcelamiento. Antes de la vista había ingresado 5.000 euros en la cuenta de consignaciones judiciales.

ESTRADO El pacto también le permitió no tener que sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia, ya que, al no tener que declarar como acusado y tratarse de un abogado en ejercicio, participó en la breve vista sentado en el estrado, en el banco de la defensa.

Feliciano O. R. ocupó durante varios años el puesto de secretario de la comunidad de vecinos de un edificio de la avenida Gómez Laguna, cargo que le facultaba para gestionar las cuentas bancarias de esta sin que fuera necesaria la firma del presidente.

Tras su cese, según indica el relato de hechos que ayer aceptó como probados, los nuevos responsables de la comunidad descubrieron que había efectuado numerosas disposiciones de efectivo que carecían de justificación documental y que había cobrado cheques al portador emitidos por él mismo.

Esa situación hizo que las cuentas de la comunidad entraran en números rojos y que comenzara a acumular deudas con diferentes organismos públicos e instituciones, algunos de los cuales llegaron a instar procedimientos de apremio para cobrar los descubiertos.

Las disposiciones de dinero se concentraron entre los meses de enero y de marzo del 2011. En ese periodo llegó a sacar en efectivo 6.295 euros y a hacerse con otros 51.354 mediante la emisión de los cheques al portador.

Paralelamente, la comunidad de vecinos tuvo que hacer frente al pago de 16.704 euros por pagos atrasados a la Seguridad Social, sanciones tributarias, recargos derivados de expedientes de apremio e, incluso, por intereses por descubierto en la entidad financiera en la que tenían abierta la cuenta.