A pesar de que poco a poco las piezas de arte sacro aragonés que se encuentran en los museos catalanes están regresando a su lugares de origen, el conflicto político y judicial está lejos de cerrarse. El representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, cargó ayer contra la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, por su defensa de las gestiones realizadas por el exconsejero de la Generalitat de Cataluña Santi Vila, actualmente encausado por un presunto delito de desobediencia. El letrado considera que no cumplió con la orden judicial que le ordenaba la entrega a Aragón de los bienes del monasterio de Sijena.

Con esta afirmación, Español replicó a una afirmación hecha por la consejera en una entrevista este domingo en este periódico. «El pobre Santi Vila, gran persona y político cuyo perfil debería existir más en Cataluña y en el resto de España, me apena mucho lo que está sufriendo por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena porque fue el único político catalán que cumplió y trajo los bienes», según afirmó la dirigente aragonesa.

El letrado se mostró en desacuerdo y replicó en un comunicado que el retorno de las piezas depositadas en el museo de Lérida no fue por iniciativa del propio Vila sino producto del cumplimiento de una orden judicial que se ejecutó finalmente con la ayuda de la Guardia Civil y que el exconsejero «ni acató ni cumplió».

Responsabilidad penal

Según Español, «un político que está procesado por desobediencia a la autoridad judicial ya no es que ni siquiera sea un buen político, es que no puede ni debe de serlo ni un minuto más, porque el político debe siempre respetar las resoluciones judiciales que le afectan en todo momento».

El abogado rechazó, además, que el Ayuntamiento de Sijena esté haciendo «sufrir» a Vila con la demanda que le interpuso el consistorio, sino que debe de hacer frente a su responsabilidad penal al haberse «saltado las leyes» y desobedecer a la autoridad judicial.

Por otro lado, se mostró convencido, además, que las acciones penales instadas por el consistorio contra Vila y su sucesor en el cargo, Lluis Puig, huido de la justicia, y apoyadas por la fiscalía, han favorecido la reciente entrega de los 111 bienes de las parroquias de la zona oriental de Aragón «por el temor de la actual consejera de Cultura catalana y del obispo de Lérida a acabar como Vila».