La Fiscalía Provincial de Zaragoza no considera que el recurso de los abogados de Agapito Iglesias contra el cierre de la instrucción del caso pagarés sea delictivo, aunque lo bordee al cuestionar la imparcialidad del juez Francisco Picazo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad remitió el escrito al ministerio público para que evaluase si los letrados Javier Sánchez-Junco y Miguel Ángel Alemán habían cometido un delito de injurias. Este contenía expresiones como "se realizan afirmaciones en base a la existencia de indicios de delito (...) en base a meras elucubraciones" o "añade el instructor alegremente y de forma gratuita un delito más --estafa-- que ni siquiera fue mencionado por Plaza en el escrito de denuncia".
LIBERTAD DE EXPRESIÓN El juez pidió a la Fiscalía que analizase el posible delito de injurias o calumnias, ya que con estas expresiones podrían estar atribuyendole un delito de prevaricación. Pero, tras el análisis, y considerando que el derecho a la libertad de expresión es "especialmente resistente" cuando se utiliza para ejercer el derecho de defensa, el ministerio público no lo ve así.
Sí considera que los abogados utilizan "manifestaciones gratuitas, graves y descalificadoras, contrarias a la buena fe y a la debida lealtad y probidad que el letrado ha de realizar en sus escritos". Por ello, recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite al juez "corregir disciplinariamente a los autores del escrito".
Además, tiene la vía de remitir el documento al Colegio de Abogados de Zaragoza para que este tome las medidas sancionadoras que estime oportunas.
