Tras tres años y medio encausada por prevaricación, y nueve meses después de celebrado el juicio, la exalcaldesa de La Muela Marisol Aured ha sido absuelta del delito de prevaricación por el que la empresa Aranade pedía para ella diez años de inhabilitación, y el millón de euros que a su juicio le había impedido cobrar por retrasarse los trámites. Aured ha sido exonerada junto a sus compañeras de banquillo, la exteniente de alcalde Rosa María Barceló y la exinterventora municipal Rebeca Sánchez.
La jueza no ve por ningún lado la inquina en el trato administrativo que les imputaban tanto la empresa como la Fiscalía, que pedía dos años menos de inhabilitación y retiró los cargos a la interventora. Para la titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza, por contra, si alguien hubiera podido tener alguna culpa en el retraso de los trámites habría sido precisamente Sánchez. Pero tampoco fue el caso.
Marisol Aured recibió el fallo abolutorio «con mucha alegría», pero no pudo dejar de recordar que «han sido tres años de proceso, con todo mi patrimonio embargado -la fianza del millón de euros la puso ella sola, con la herencia de sus padres-, con un alto coste emocional y económico».
A falta del esperable recurso, esta es la séptima causa contra ella que queda en nada, desde que se confirmó su condición de denunciante de la operación Molinos. «Desde que dejé de ser testigo protegido llevo ocho querellas, y siete han quedado en nada. Está claro que algo tiene que mejorar la protección del denunciante», lamentaba la exedila.
PENDIENTE
De hecho, entre el 16 y el 18 de octubre volverá al banquillo tras el verano, para responder por el octavo y (hasta ahora) último caso abierto contra ella. En esta ocasión por la denuncia del actual alcalde, Adrián Tello, que consideró que su rescisión de la contrata de basuras fue onerosa para el ayuntamiento. Fiscalía también lo cree, y Aured se enfrenta a seis años de prisión. Su abogada, María Jesús Sariñena, confía en que, como en este caso recién resuelto, se confirme «lo que llevamos diciendo desde el principio» y acabe con la octava exoneración.
Esta causa resuelta fue abierta por los retrasos en la tramitación del expediente de Aranade (condenada en el juicio de la operación Molinos, hoy pendiente del Supremo), para acceder a las ayudas estatales de pago a proveedores. La jueza considera que no hay pruebas de que hubiese mala fe en un expediente traspapelado, y que el caso era para lo Contencioso-Administrativo. Recuerda que había motivos para tener cautela con Aranade, ya por entonces con imputados.
