La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a un administrador de fincas y a dos obreros conocidos, para los que una comunidad de propietarios de la calle Juan Pablo Bonet pedía año y medio de prisión por haberse compinchado para quedarse casi 14.000 euros comunitarios. Ni la Fiscalía ni los magistrados de la Sección Tercera han encontrado pruebas de que se apropiasen del dinero para otra cosa que no fuera hacer obras necesarias en una casa.
Según recogen los hechos probados, un vecino tenía goteras en el techo de su vivienda, la última, que afectaban a su casa y a elementos de la comunidad como el tejado y la escalera. Lo puso en conocimiento del administrador, que trabajaba en una empresa constructora. El acusado trató de contactar con el presidente y el vicepresidente, pero no los localizó porque no vivían en la casa, y ante la urgencia optó por contratar a dos conocidos --los coacusados-- y arreglar los desperfectos. Luego fueron pasando el cobro de la obra a la comunidad hasta alcanzar los 13.758 euros
Según quedó demostrado en el juicio, el administrador no podía manejar a su antojo las cuentas, y los albañiles presentaron las facturas por distintos conceptos sin que hubiese quejas iniciales de los vecinos a la hora de abonarlas. El vecino del piso afectado corroboró que la actuación era "urgente" porque entraba agua, y expuso que salvo que la obra "tardó excesivamente" en su opinión, no hubo queja alguna respecto a ella, ni por su parte ni por la de los vecinos.
El presidente de la comunidad admitió que no supo que ostentaba el cargo hasta que la comunidad se quedó sin fondos. Y el perito no pudo asegurar que, como sostenía la comunidad, las obras no se hubiesen llevado a cabo. Los magistrados concluyen por tanto que no hay pruebas de apropiación indebida.
