Armando G. T., administrador de El Negociador Bancario en Aragón, ha sido absuelto junto con el abogado de la empresa, Guillermo P. F., del delito de estafa del que les acusaba un excliente por una transacción. La jueza, como hizo la Fiscalía al retirar los cargos tras el juicio, no ve acreditada la estafa, entre otras cosas porque sí iniciaron los trámites para los que les habían contratado, aunque el resultado no fuera el deseado por el cliente.

Este entró en un procedimiento de ejecución hipotecaria por impago, y tras ver la publicidad de la empresa por internet, contrató sus servicios. Le cobraron unas cuantas cuotas mientras litigaban pero por aquel entonces la casa ya había iniciado el procedimiento de subasta, que se completó. Él cambio de abogados y al final sigue viviendo en el mismo inmueble pero con alquiler social. El negociador rescindió el contrato unilateralmente y dejó de cobrarle las cuotas.

La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza entiende, como lo hizo el fiscal, que no se puede hablar de estafa porque este delito requiere que haya un perjuicio real, y el denunciante, según el mismo reconoció, canceló su deuda con la entrega de la propiedad de la casa -que se puede perder por impago de hipoteca, como es sabido- y los acusados tampoco le cobraron más una vez rescindieron el contrato.

Pero la magistrada no solo no ve el perjuicio necesario, sino tampoco el engaño. Según recoge en la sentencia, hay elementos de la publicidad de El Negociador Bancario que pueden ser cuestionables, como el hecho de asegurar que se podrá decidir entre entregar la casa y saldar la deuda u obtenerla luego por un precio más ventajoso, cuando esto «no depende en exclusiva» de la labor de los abogados, sino de la decisión del juzgado. Pero una cosa es que la publicidad pueda ser equívoca, lo que se podría discutir en el ámbito civil, y otra cosa que sea un delito, algo que no comparte. Más aún cuando, en efecto, el cliente saldó su deuda.

Además, el empresario, defendido por Carmina Mayor, y su abogado entregaron documentación que acreditaba que sí iniciaron los trámites para los que fueron contratados.