Un empresario zaragozano, J. R. P., ha sido absuelto de los delitos de estafa y coacciones por los que varios de sus antiguos empleados le pedían hasta cinco años y tres meses de prisión y la devolución de más de 115.000 euros que consideraban que les había estafado, al hacerles partícipes de una ampliación de capital antes de que la empresa entrase en concurso de acreedores.
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza han considerado que el advertirles de que quien participase en la ampliación tendría menos posibilidades de ser despedido no era una amenaza. Y que los empleados conocían perfectamente los riesgos de participar en la ampliación, como hizo el propio acusado, defendido por el letrado Fernando Lacruz.
Los trabajadores también adujeron que la ampliación conllevaba un compromiso de devolución del dinero, pero los jueces consideran que "no es normal ni razonable" comprar acciones para recuperar dinero sin revender los títulos o si la empresa va mal.
