La Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza ha absuelto a Juan Jesús Gracia Utrilla, exconcejal de Urbanismo y Obras Públicas de Cadrete, de un delito de prevaricación por la supuesta contratación masiva de vallas y barandillas para proteger contenedores y lugares en obras de la localidad.
Gracia, que fue miembro de la corporación en representación del PAR en la pasada legislatura, se exponía a 15 años de inhabilitación tras ser acusado por el concejal de Ciudadanos Alberto Martínez Álvarez, de no respetar el procedimiento administrativo para la contratación de bienes y servicios. El fiscal pidió la absolución por considerar que no había delito, como ha determinado el tribunal.
El acusador particular consideraba que debió acudirse a concurso público, cosa que no se hizo, para lo cual se trocearon indebidamente los pagos con tal de no superar el máximo legal, según la versión del denunciante. El fiscal no asumió esta tesis y pidió la absolución por considerar que no había delito, como ha determinado el tribunal.
En sus fundamentos de derecho, el fallo estipula que «ninguno de los dos contratos menores de distinto tipo que realizó el acusado con la empresa Masena SL superó la cantidad de 18.000 euros», cantidad a partir de la cual «era obligado realizar un concurso público, de conformidad con la Ley de Contratos del Estado del 2011».
No hubo mala fe
Se optó por el contrato menor en lugar del concurso público, como indicó el secretario de la corporación, que intervino como testigo. Esta misma persona señaló que ya había advertido en el 2017 de una irregularidad en ese sentido.
Pero el tribunal subraya que «no hay prueba alguna de que la actuación del acusado, al parecer irregular, se llevara a cabo de forma maliciosa y arbitraria troceando facturas para evitar la intervención de la junta de gobierno», lo que sucedía si se rebasaban los 2.000 euros, según la normativa interna.
Además, la sentencia recoge que el acusado iba comprando las vallas en función del trabajo y las necesidades, optando por la oferta más barata. Y esas afirmaciones, prosigue, «no han quedado desvirtuadas por otras pruebas que acrediten que actuó con conciencia de ilicitud o de mala fe».
Una normativa "difícil de interpretar"
Una normativa "difícil de interpretar"Por otro lado, la resolución, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), advierte de que «debe ponerse de manifiesto la complejidad de la materia relativa a la contratación administrativa», que resulta «difícil de interpretar en muchos casos para cualquier ciudadano medio, lo que excluiría también la apreciación en el caso de autos de un delito de prevaricación, dadas las circunstancias concurrentes».
Y concluye, en esta línea, que «para apreciar el delito no basta con que la resolución sea ilegal, sino que sea arbitraria o dolosa», es decir, cometida a sabiendas de su ilegalidad.
Desde el principio Gracia Utrilla ha defendido su inocencia. En declaraciones a ese medio, un mes antes de la vista oral, señaló que la denuncia del concejal de Ciudadanos, en la oposición cuando ocurrieron los hechos, tenía connotaciones políticas y personales.
