Accem pide vías seguras para los refugiados y que se agilice la resolución de solicitudes

Una jornada en la que el Gobierno de Aragón ha organizado varias actividades para "reflexionar" en el Edificio Pignatelli, donde Ortega ha atendido a los medios.

Ha recordado que el principal problema al que se enfrentan los refugiados, que a diferencia de los inmigrantes han dejado en ocasiones en su país una buena situación económica y profesional y que se han visto obligados a abandonarlo por persecuciones o conflictos, son "las vías de acceso".

Unas vías que, ha reclamado, deben ser "legales y seguras" para que no caigan en redes de tráfico de personas y puedan ejercer "un derecho que tienen reconocido según la legislación internacional".

En la actualidad existen en Aragón solicitudes de protección internacional de personas de 42 nacionalidades diferentes, siendo los ucranianos y los venezolanos los que acumulan mayor número de denegaciones en el conjunto del país, que tiene un reconocimiento del estatuto del refugiado por debajo del 4 %.

Ortega ha señalado que, a diferencia de este estatuto que España reconoce "en contadas ocasiones", y que supone que la persona no perdería "nunca" su condición de refugiada, el país ha reconocido, en el caso de Siria, la "protección subsidiaria", una figura de protección internacional que, sin embargo, se puede retirar "unilateralmente" cuando España considere que no existe conflicto.

Otra las cuestiones que ha reclamado Ortega desde esta ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas es la agilidad de la administración para resolver sobre los procedimientos.

Además del problema que tienen estas personas para llegar a España, tienen dificultades después para integrarse por el idioma, el acceso a la vivienda o la escolarización de los menores pero hay quien completa con éxito el proceso y la administración tarda una media de dos años y medio en resolver sobre su situación, en vez de los seis meses establecidos en la ley.

De este modo, y siendo que España "desgraciadamente no tiene una tradición demasiado generosa en el reconocimiento del estatuto de refugiado", la resolución sobre la protección subsidiaria tarda y si finalmente se deniega después de dos años y medio "se crean situaciones muy complicadas" porque significa condenar a esas familias a la irregularidad una vez que ya están integradas social y laboralmente, ha dicho.

Son personas que ya no reciben ayudas ni aportaciones de la administración, que trabajan en España y a las que la denegación les supone "la pérdida del trabajo y de todo el proceso de integración". Ellos han hecho los deberes y las organizaciones también pero, de repente, una denegación del reconocimiento de la protección supone "cortar todo eso", ha insistido.

Por ello, ha instado a ser "imaginativos" y tratar de encontrar "los resquicios legales" para que esos procesos no se corten, toda vez que ha urgido a la administración a resolver los procedimientos en seis meses

No obstante, Ortega ha valorado que las administraciones, en general, son "sensibles y se involucran", como lo ha hecho el Gobierno de Aragón con la organización de esta jornada de trabajo sobre "la acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en Aragón" o el protocolo que acogida que puso en marcha para facilitar el acceso a los servicios de los personas refugiados para que puedan ejercer sus derechos.

Unos derechos que, en ningún caso, ha apuntado, suponen que tengan "prioridad" ni que "pasen por delante de nadie" como algunas personas creen, ya que asevera que también falta "desgraciadamente mucha pedagogía en este asunto".

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha recordado que el pasado año hubo 68,5 millones de personas que fueron refugiadas y que el Gobierno de Aragón, desde el inicio de la legislatura, ha manifestado su compromiso con ellas y se ha propuesto ser "solidario y humanitario" para dar respuesta a las personas que demanden asilo.

Ha recordado que Aragón fue "la primera comunidad" que diseño un protocolo para dar respuesta a estas personas, en colaboración con las entidades que los atienden y con los ayuntamientos, y que el Ejecutivo autonómico siempre ha exigido al Gobierno de España "que debía haber tenido más compromiso y solidaridad con Europa, haber dado una respuesta más contundente".

Broto ha recordado que Aragón ha acogido a 1.042 personas dentro del Programa de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, un programa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social gestionado por diferentes entidades en la Comunidad (ACCEM, Cruz roja, CEPAIM, APIP-ACAM e Iglesia Evangélica Española).

Y sobre los más de 600 migrantes del Aquarius que el pasado fin de semana desembarcaron en Valencia, ha valorado nuevamente el paso dado por el Gobierno que lidera Pedro Sánchez como "muestra de la voluntad de que queremos una Europa solidaria y humanitaria" y ha reiterado que Aragón ya planteó que quería "aportar su cuota de recepción", como lo han hecho algunos ayuntamientos, aunque, por el momento, "no hay datos" pese a haber mantenido conversaciones hoy con el Gobierno central.

En cualquier caso, ha resaltado que "no se puede poner un límite a personas que piden ayuda humanitaria" y que Aragón está dispuesta "a acoger a las personas que el Gobierno de España considere que tienen que venir" a la comunidad

"En este momento hablamos del Aquarius", ha concluido la consejera, quien ha apuntado que, con la migración en general, lo que pide el Gobierno aragonés es "el compromiso de los países europeos, y reflexión. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad".