Cinco años justos después del accidente de autobús que causó la muerte de 32 personas y heridas a otras 23 en la autovía de Madrid, en el alto de La Muela, el conductor del vehículo se sienta en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza.
Bernardino Correa Fernández comparece a las 10.00 horas de hoy ante la Justicia para hacer frente a una petición fiscal de 3 años de cárcel por 32 delitos de homicidio por imprudencia y 20 de lesiones.
Asimismo el ministerio público solicita la retirada del carnet de conducir durante cuatro años, además de dos meses de multa (a razón de 12 euros diarios) por carecer del seguro obligatorio de viajeros. La acusación particular eleva la petición de pena a 7 años por las muertes y las lesiones y a 6 años de retirada del carnet de conducir.
Los hechos objeto de la vista oral, que se prolongará tres jornadas, ocurrieron el 20 de septiembre del año 1999. El autobús siniestrado, que realizaba la ruta Madrid-Gerona y transportaba a 52 viajeros, se salió de la calzada de la autovía en un tramo en curva y volcó posteriormente en una zanja.
COBRO DE INDEMNIZACIONES En el momento de producirse el accidente llovía intensamente y la calzada se encontraba mojada, un factor que influyó de manera decisiva en que el conductor perdiera el control.
Además, sucesivos informes técnicos, entre ellos el examen del tacógrafo en Alemania, determinaron que el autobús se desplazaba a 106 kilómetros por hora, una velocidad que rebasaba el límite legal, establecido en 100 por hora.
El análisis del vehículo descubrió, por otro lado, que varias de las ruedas se hallaban desgastadas, en especial una de las delanteras. A la vista de estas circunstancias, los expertos en seguridad vial concluyeron que el accidente se debía a la conjunción de los tres factores adversos: la lluvia intensa, el exceso de velocidad y el mal estado de los neumáticos.
El juicio deberá determinar la inocencia o culpabilidad del único acusado, así como la causa principal del accidente, uno de los más graves ocurridos en las carreteras de la comunidad aragonesa.
Sin embargo, la vista oral no servirá para dilucidar posibles responsabilidades económicas, dado que los supervivientes y los familiares de las víctimas llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros Plus Ultra y el Consorcio de Seguros.
El arreglo extrajudicial permitió el cobro de indemnizaciones por valor de 300 millones de pesetas (1.800 euros aproximadamente), pues el conductor del vehículo y propietario del mismo carecía del seguro obligatorio.
