De noche y cuando las oficinas de Plaza y de la UTE que urbanizó la plataforma logística estaban vacías. Este escenario de película fue el que utilizaron supuestamente el exgerente, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona en Aragón, José María Jordán, para dar el cambiazo a unas certificaciones de obra, en abril del 2007.

Así lo declaró ante la Fiscalía Anticorrupción el principal testigo del caso saqueo, Chabier Mayayo, que desde ayer está en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez. Junto a esta manifestación, el magistrado tiene consigo los documentos originales y los que se sustituyeron, ya que este hombre no cumplió el mandato de Jordán de "destruir pruebas".

Mayayo relata como acudió con Jordán y con el jefe de obra, Alejandro Viñuales, al despacho del exgerente de Plaza. Iban en un coche conducido por un chófer de Acciona y sacan del maletero una caja con las certificaciones a cambiar. Cuando acabaron, hicieron lo mismo, pero en la sede de la UTE.

Con esta operación se añadieron nuevos precios que no se habían empleado hasta ese momento y que estaban siendo discutidos. Y es que, al parecer, Acciona quería tener unas nuevas cifras con las que hacer obras y aumentar los beneficios en la segunda fase de la urbanización de Plaza que, según el último informe de la Policía Nacional, publicado por EL PERIÓDICO, lo hizo Acciona-MLN después de amañarse el concurso, tras así solicitarlo desde la anterior DGA.

El objetivo era, según esta declaración, cobrar el máximo posible a la empresa Caladero, que quería establecerse en una parcela. De hecho, Mayayo señala que la diferencia de precios fue de 592.426,81 euros antes de IVA.

Según fuentes de la investigación, Caladero dijo a la UTE que era muy cara, que aplicara el precio de otras obras sin saber que se habían modificado por otras que también eran irreales.

Este nuevo dato aportado vuelve a poner en entredicho las obras de esta industria que fueron investigadas, si bien la magistrada del Instrucción número 3 de Zaragoza archivó.

En ella estaban imputados por prevaricación administrativa el exviceconsejero Carlos Escó; la directiva de la corporación de empresa públicas y su consejero delegado, Pilar Valdivia y Santiago Coello, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás.