La «agilidad» requerida para actuar contra la covid-19 está generando tensiones entre el Gobierno de Aragón y los grupos de la oposición en las Cortes, salvo Ciudadanos, que se muestra más comprensivo. Tanto el PP como IU, desde distintas perspectivas, entienden que el Ejecutivo de Lambán está interpretando su apoyo a la estrategia aragonesa para la recuperación como la concesión de un «cheque en blanco» para legislar «unilateralmente» sobre la recuperación. Lo hace, entienden, colando «de rondón» normas ajenas al espíritu del acuerdo en unos decretos que no negocia con nadie, con «opacidad». Así lo dejaron patente ambos grupos en el pleno de las Cortes de ayer, el último del curso; también con críticas de Vox, aunque este sin motivo para sentirse traicionado porque no firmó la estrategia.
En realidad, la mayoría de las críticas fueron de fogueo, ya que acabaron votando a favor de los decretos, pero eso no impidió que fueran duras. El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, dio de hecho un ultimátum a Lambán, que compareció para exponer los avances en la estrategia, advirtiéndole de que si no corresponde a su «lealtad» con información, pasarán a una oposición más dura. El presidente aragonés, por su parte, asumió como un «reto personal», ante Álvaro Sanz, de IU, recuperar el diálogo para que la oposición no se sienta ninguneada.IU sí votó en contra de la mayoría de las medidas.
NORMAS APROBADAS
El pleno de las Cortes convalidó este jueves cuatro normas de la DGA relacionados con la gestión del coronavirus. Uno para sufragar ocho proyectos de investigación aragoneses sobre la covid-19, que fue apoyado por unanimidad. Otro para reformar el Ingreso Aragonés de Inserción, que tras una rotura de disciplina de voto en Podemos se tramitará como ley. Salvo esa sorpresa, la polémica se centró en la rebaja fiscal para el juego y los grandes comercios y, sobre todo, las medidas urgentes para la recuperación, presentadas por el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.
Esta norma sienta las bases para la inversión de los primeros 510 millones de euros que la DGA ha anunciado que se destinarán a la recuperación económica, y según el consejero, no recoge «nada distinto a lo negociado». Pero la oposición no lo ve así. Por ejemplo, el decreto amplía en el tiempo medidas como la movilidad obligatoria de los funcionarios entre servicios, la prohibición de reservar vacaciones para el año que viene o la regulación del teletrabajo, teóricamente pensadas para el estado de alarma. Según Pérez Anadón, salvo el teletrabajo, todo ha sido negociado con los sindicatos, pero estos dejaron claro, sobre todo CCOO, que no es cierto.
Estas medidas, coladas «de rondón», según Mar Vaquero, del PP, junto a las más propias de este decreto, como las ayudas a distintos sectores (incluidos cuatro millones de euros para PSA, que en realidad ya se daban otros años), despertaron críticas casi unánimes en la oposición. También de Ciudadanos, que pese a compartir el «liberalismo» de las mismas, consideró directamente «ilegal» algún punto, como poder cancelar documentos contables de una licitación en cualquier momento.
Vox incidió en la «opacidad» que supone no reflejar de dónde sale este dinero (la reformulación del presupuesto aún no está detallada) y el PP habló directamente de que tratan de «eludir los controles legales». Pese a todo lo cual, votaron a favor.
Estas críticas se repitieron durante la comparecencia de Lambán. Beamonte consideró de hecho una «falta de decoro» que las primeras medidas compensaran con partidas de 600.000 euros a los agentes sociales firmantes. Lambán defendió que las medidas de este decreto ayudan al «eslabón más débil» de la cadena, como pymes y autónomos.
El presidente desgranó los cinco puntos siguientes de la estrategia, como la potenciación de los sectores estratégicos, la potenciación del lobi contra la despoblación, la negociación de la agenda aragonesa con el Estado o la estrategia para captar fondos europeos en tecnología, medio ambiente y medicina. Y anunció que están preparando una ley de simplificación burocrática que esperan tener lista para llevarla a las Cortes después del verano.
Por otro lado, el consejero de Industria, Arturo Aliaga, no tuvo más remedio que reconocer que habrá afecciones al empleo tras el cierre de la central térmica de Andorra decretado este jueves por el BOA. «La reconversión no es inminente porque no se tienen todos los recursos», aseveró. Como nota para la esperanza anunció que próximamente habrá «noticias positivas» sobre fondos Miner que están retenidos por el Gobierno central y que en breve estarán a disposición de los ayuntamientos afectados.
