La acusación particular ha solicitado que se condene a la alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera Ruiz, a cuatro años y seis meses de cárcel como presunta autora de una serie de irregularidades en el proceso de licitación de un coto de caza. La regidora siempre ha mantenido que es inocente y que obró ateniéndose a la ley.
La acusación le imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a autoridad. Asimismo, ha pedido que se le imponga el pago de indemnizaciones a los perjudicados (ayuntamiento y entidad cinegética) por un valor de 29.832 euros.
La petición procede de la Sociedad de Cazadores del Coto de El Perdigal, que se consideró lesionada en sus intereses en el concurso convocado por el consistorio en el 2016 para decidir qué entidad se haría cargo de la gestión de la finca cinegética y al que se presentaron tres licitadores.
El coto de caza fue concedido a la Sociedad de Cazadores de San Roque, en la que ocupan puestos directivos el marido, un hijo y un cuñado de la alcaldesa, según la acusación particular. Esta, en su escrito al juzgado que instruye el caso, hace constar que la entidad El Perdigal «no pudo acceder al pliego de las condiciones del concurso al no ser publicado íntegramente en el Boletín Oficial y solo en el tablero de anuncios del ayuntamiento, mediante su colocación en vitrina cerrada con llave, de forma que solo podía verse la primera página».
DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA / Así fue cómo, según la misma versión, en el pleno del 13 de julio del 2016, al abrirse las ofertas, «solo había cumplimentado correctamente la documentación la Sociedad de Cazadores de San Roque», pero no los demás licitadores, «que desconocían la documentación que debían presentar». A raíz de este problema, se dieron tres días a El Perdigal para que presentara la documentación requerida, pero no pudo hacerlo debido «al escaso periodo de tiempo concedido». En otro pleno del 25 de julio se abrió el único sobre, de San Roque, que se quedó provisionalmente con la adjudicación por un precio de 5.800 euros, dado que tenía que presentar una serie de documentos legales que, según la acusación, tampoco entregó, por lo que el secretario emitió un informe en el que decía que no procedía formalizar el contrato por el incumplimiento de condiciones. Con todo, mantiene la acusación particular, Rosario Cabrera, a la que representa la letrada Carmen Sánchez Herrero, siguió adelante con el procedimiento.
El asunto se ha visto también en la jurisdicción contencioso-administrativa, que en abril del año 2017 dictó sentencia firme anulando la adjudicación, a lo que siguió nueva orden de la DGA para enajenar el aprovechamiento cinegético que no ha sido cumplida, según la acusación.
