El empresario minero leonés Victorino Alonso negó ayer en el Juzgado de lo Penal 1 de Huesca haber ordenado la destrucción en 2007 del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves y ha responsabilizado de la situación a la "dejadez absoluta" del Gobierno de Aragón respecto a su conservación. El empresario hizo estas manifestaciones para negar las acusaciones formuladas por la fiscalía, Ecologistas en Acción y la asociación Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) como presunto responsable de la destrucción del yacimiento, uno de los más importantes para la cultura del neolítico en España.

Alonso, que se enfrenta a peticiones que oscilan entre los 3 años y 4 meses planteadas por los ecologistas y los 2 años y 8 meses de prisión de la fiscalía, aseguró que él no era administrador ni de la empresa que gestionaba el coto donde se ubicaba la cueva, Fimbas, ni de la que realizó las obras, Ferpi.

Admitió, sin embargo, que otras sociedades en las que ejercía como administrador tenían la participación mayoritaria de las dos empresas referidas, aunque subrayó que no se encargaba de su gestión y que se limitaba a viajar unas pocas veces al año al coto para cazar previo pago de la cuota establecida. En su declaración, el empresario leonés dijo desconocer la existencia del yacimiento hasta que se hizo pública la denuncia.

Las aseveraciones del empresario leonés fueron cuestionadas por la persona que ejerció como apoderado de Fimbas entre los años 2000 y 2005 y que continuó en la sociedad hasta poco antes de que se produjera la destrucción del yacimiento. En sus declaraciones, esta persona aseguró que Alonso fue quien dio la orden de actuar con maquinaria pesada en la zona. Aseguró que era "quien mandaba" en el coto y quien daba las órdenes de organización y de gestión.

Además, el testigo añadió que mientras ejerció como apoderado supo en todo momento que había excavaciones cada verano en la cueva y que esta situación era del conocimiento de Alonso, aunque ha asegurado desconocer quien ordenó la "limpieza" del yacimiento para convertir el lugar en un pesebre para las piezas cinegéticas.

Por estos hechos, el empresario se enfrenta a penas de prisión efectiva y a una petición de indemnización por parte de las acusaciones de 50,9 millones de euros, cantidad en la que Baldellou cifró los daños y de cuyo pago hacen responsable subsidiarios a Fimbas, Ferpi y a la aseguradora Mapfre. El juicio continuará hasta mañana, con las declaraciones de nuevos testigos y peritos, y con los informes finales de las partes.

Por su parte, el operador de la pala excavadora que realizó los trabajos que supusieron la destrucción del yacimiento explicó que la orden de actuar la recibió del apoderado de Fimbas, y señaló al tiempo que desconocía si Victorino Alonso tenía alguna relación con Ferpi.

Por estos hechos, el empresario se enfrenta a penas de prisión efectiva y a una petición de indemnización por parte de las acusaciones de 50,9 millones de euros, cantidad en la que Baldellou cifró los daños y de cuyo pago hacen responsable subsidiarios a Fimbas, Ferpi y a la aseguradora Mapfre. Por su parte, los letrados de la defensa solicitan la libre absolución de su cliente al entender que no hay pruebas de que ejerciera como administrador de Fimbas y de Ferpi ni de que diera la orden. El juicio continuará hasta mañana con declaraciones de nuevos testigos y con los informes finales.