La nueva política de becas de comedor establecida desde el Departamento de Educación ha suscitado severas críticas de partidos políticos, sindicatos o agrupaciones, que censuran la cuantía destinada, el plazo para presentar instancias, la forma en la que se ha procedido a su publicación en el BOA y la posible afección a colectivos. En este sentido, la imposición de señalar un domicilio fiscal en Aragón para los solicitantes ha sido criticada por IU o el sindicato CGT. "Equivale a excluir a los ciudadanos que no estén empadronados en la comunidad autónoma", indicó el portavoz Adolfo Barrena.

El sindicato CGT fue aún más contundente al censurar "una nueva racionalización" del Gobierno de Aragón y se mostró "totalmente en contra de que los niños sin documentos en vigor no puedan acceder a las becas de comedor", medida que la organización sindical calificó de "segregadora, insolidaria e incluso inmoral que atenta contra los derechos del niño".

Así, este colectivo no tendrá acceso a las ayudas a través de la convocatoria general de becas, sino que sus solicitudes se tramitarán a través de Servicios Sociales.

CGT, CONTUNDENTE Según CGT, que asegura que la orden deja fuera de estas ayudas a hijos de simpapeles "algo que nunca ha ocurrido hasta ahora", la imposición, por parte de la Administración, de que el solicitante disponga de DNI o papeles en regla para poder solicitar las ayudas "excluye y condena a las familias de inmigrantes sin papeles" y apuntó que "no entra dentro del sentido común ni de la inteligencia mínima llamar racionalización a una medida que excluye y condena a la miseria a las personas más necesitadas de nuestra sociedad".

También la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fapar) criticó la medida, "consecuencia de la supresión de la gratuidad de los libros de texto" y calificó la decisión de "jugada para quitarse un problema económico de encima".

CHA, por su parte, también criticó las cantidades aprobadas, 1,5 millones de euros para las becas de comedor y 3 millones para las de libros de texto y aseguró que "no van a ser suficientes para poder sufragar todas las solicitudes que se presenten y cumplan los requisitos", de ahí que haya "una falta de equidad" y advirtió de que "muchos alumnos con derecho a estas becas no podrán acceder a las mismas porque el dinero presupuestado se asignará sin cubrir a todos los posibles beneficiarios", explicó el portavoz, Gregorio Briz, que propuso mantener el precio del comedor escolar, de 77 euros. De hecho, la formación advirtió de que el precio que podría quedar fijado por el departamento superará los "100 euros".

Desde el Departamento de Educación rechazaron con contundencia las acusaciones de partidos y sindicatos y se aseguró que la documentación y requisitos exigidos para optar a las ayudas "son los mismos que en anteriores convocatorias". De hecho, fuentes del departamento explicaron que "todas las convocatorias oficiales de ayudas exigen documentación para poder comprobar los niveles de renta" y justificaron la decisión de que los simpapeles acudan al servicio a través de Servicios Sociales. "Siempre se ha hecho así y este colectivo, que son casos puntuales, se ha analizado por separado a través de un asistente social que es el que elabora el informe de la situación de la familia. De eso a su exclusión de las becas de comedor va un trecho".

Además, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, aseguró ayer en Huesca que "ningún colectivo queda excluido de las ayudas" y destacó que se duplica la partida destinada a becas de comedor, "lo que permitirá llegar al doble de niños, unos 5.000", además de los escoalares que son transportados que tienen este servicio gratuito por ley y que el próximo curso serán alrededor de 2.600.