La Comisión de Estudio sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en las Cortes de Aragón contó ayer con las comparecencias de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y la agrupación de entidades locales del Pirineo Adelpa, cuyos representantes comparecieron para dar cuenta de sus posturas sobre el polémico impuesto.

El presidente de Adelpa, Pablo Castán, repasó cómo la mayoría de pueblos pirenaicos pagan el ICA -con otras denominaciones como canon de saneamiento- desde el 2009, sin que en todo este tiempo se hayan construido depuradoras en la mayoría de ellos. Y lo que es más, se paga por un servicio que no se recibe, se ignora (pese a sus múltiples reuniones con gobiernos anteriores) dónde han ido a parar los fondos para hacerlas y, para más inri, se pagan multas a la Confederación Hidrográfica del Ebro por verter aguas sin depurar. En su caso, la implantación del ICA supuso además que se retirasen las bonificaciones de pago a pueblos pequeños.

Por ello, Castán expuso en las Cortes la necesidad de que se construyan las instalaciones en los municipios «sin coste», habida cuenta de lo que vayan pagando, y de que la DGA «abone las multas» a la CHE. Su problema es tan peculiar que no se atrevió a asegurar, en la parte a puerta cerrada de la comisión, que asuman por completo la postura de la RAPA (que al fin y al cabo incluye un pago universal), por lo que en una asamblea el próximo mes decidirán si se adhieren a ella.

Por su parte, la representante de la RAPA, Maribel Torrecilla, expuso previamente la postura de la red sobre el ICA, que básicamente es la que hacen suya Podemos y ZeC. Según esta, la reforma del impuesto pasaría por dividirlo en tres: una tasa según consumo (que pagarían los ayuntamientos, facilitando la gestión y haciendo innecesario el Instituto Aragonés del Agua), un impuesto universal «solidario» (para pagar a quien no puede asumir por sí solo el coste) y una partida de la DGA para compensar el «gasto suntuario» del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

Torrecilla subrayó que esto se reflejaría en rebajas medias del 64% del impuesto en Zaragoza, igualaría la tarifa a la media estatal e impediría subidas.