Los consumidores expresaron ayer en la calle su «hastío» frente al «abuso» de la banca por el impuesto y los gastos de constitución de hipotecas tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las entidades bancarias a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) fue la convocante de una jornada reivindicativa, en la que se habilitaron puntos de información en las calles de 27 ciudades y se ha querido impulsar «la organización de los afectados» por «el sistemático abuso bancario». Entre estos municipios que convocaron las acrtividades se encontraba Zaragoza, aunque finalmente no se llevaron a cabo las acciones planeadas en la capital aragonesa.

También se habló de «la incomprensible posición del Supremo» de querer revisar su decisión de avalar el pago por parte de la banca del impuesto de actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, señaló Adicae.

Esta Asociación calificó de «éxito de impacto y receptividad por la ciudadanía» las actividades (algunas acciones informativas iban acompañadas de representaciones) convocadas en las calles. Asimismo, criticó que «la confusión» esté siendo «la herramienta fundamental de la banca» en este asunto, algo que se ha visto acrecentado, a su juicio, por la «extraña» posición del Tribunal Supremo en esta situación.

Adicae hizo «un llamamiento global» al conjunto de los consumidores para contestar a un sector bancario «empecinado en aplicar el abuso como norma de funcionamiento y en amenazar y presionar a gobiernos, instituciones y ciudadanía cuando se les requiere el cumplimiento de la legislación en vigor».

También pretende aclarar a los consumidores la situación judicial e hipotecaria tras la tregua a la banca anunciada por el Supremo, que se ha dado un tiempo para estudiar si consolida el reciente cambio de las reglas y si obliga de forma generalizada a las entidades a cargar con el IAJD.

La asociación tilda de «vaivenes» y «posición incomprensible» la actuación del Alto Tribunal, en tanto que aclara en una nota que la sentencia dictada por el Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados «no ha sido revocada, anulada ni suspendida».

Sobre esta situación, el titular de la cartera de Fomento, José Luis Ábalos, opinó ayer que «lo importante es que se clarifique la cuestión» para, de esta manera, dar seguridad jurídica «a los consumidores y también a los bancos».