El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que paralizar la adjudicación de las obras del sellado del antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que la da la razón al propietario, la empresa Terinza, de los suelos donde se ubica. Esta no permite la actuación en los términos en los que el consistorio lo plantea, es decir, que ni está justificada la urgencia de intervenir en su propiedad, ni ella ha autorizado que se haga por tiempo ilimitado como plantea el consistorio, ni es motivo suficiente para hacerlo el mero hecho de cumplir unos plazos necesarios para no perder la financiación obtenida para su ejecución.

Pero el problema no es solo el bloqueo de una adjudicación que se iba a producir ayer mismo y que, como adelantó este diario, ya tenía una propuesta para encomendarsela a la UTE formada por Urbaser, Idecon y Sumelzo por 7,3 millones de euros, con una rebaja de casi el 50% con respecto a los 11,7 millones por los que salió a concurso (13,5 al incluirse un modificado). La auténtica "preocupación" --así lo admitió ayer el vicealcalde, Fernando Gimeno-- es que esta no admite recurso y la obra ahora está supeditada a llegar a un acuerdo con el titular del suelo. Y el tiempo corre en su contra, ya que si no está finalizada antes del 31 de diciembre del 2015, perderá la financiación que iba a recibir de los Fondos Feder, que alcanzaba el 80% del coste, casi 6 millones de los 7,3.

Ante esta situación, Gimeno anunció que pedirá una reunión urgente con la DGA, porque el impulso al sellado se adoptó de forma conjunta tras registrarse numerosas denuncias en la Fiscalía por casos de saqueo que se estaban produciendo en el vertedero. Por eso también se dirigirán a la Fiscalía. Y al propietario del suelo, que lo ha paralizado todo "porque se encuentra en un proceso de liquidación y alguien --refiriéndose a sus acreedores-- ha querido" ese terreno.

Pero, recordó, que "las obligaciones de un suelo contaminado son enormes" y si el consistorio no puede sellarlo, se le exigirá a esa empresa. Además, dejó entrever que esta busca un acuerdo económico y que el ayuntamiento no va a negociar. "¿Cuánto vale un suelo con millones de toneladas de mierda? Como mínimo, menos 20 millones", añadió.

Aunque el juez le da la razón al propietario. ¿Por qué? Porque explica que el ayuntamiento no ha aportado el informe del Inaga en el que se basa su urgencia y considera "desproporcionado" disponer así de este suelo y sacar a concurso las obras sin el permiso del titular. Y porque, además, "ha tenido tiempo más que suficiente", desde que en el 2009 dejó de usarlo FCC, para solucionar estos permisos.