Un administrador de fincas urbanas de Zaragoza, M. F. C., se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por la supuesta apropiación indebida de una cantidad que oscila entre los 40.000 y los 80.000 euros, un delito por el que se expone a penas de seis meses a cuatro años de cárcel.
El imputado, que gestionó entre el 2013 y el 2019 una comunidad situada en la calle Lóbez Pueyo de la capital aragonesa, ha reconocido en la vista oral que se quedó ilegalmente con 18.921 euros de la cuenta de la entidad vecinal “porque estaba pasando un bache económico” y porque tiene esposa y dos hijos menores de edad.
“Las cosas iban muy mal para mí y de la cuenta de la comunidad de Lóbez Pueyo cobraba mis honorarios”, ha afirmado M. F. C., que según la fiscal podría tener “otros procedimientos” abiertos con otras entidades vecinales.
El ministerio público ha incidido en un ascensor que la comunidad quería instalar, valorado en 45.000 euros, y que finalmente no se llegó a poner, pese a sucesivas derrramas, resultado que el administrador ha atribuido a que algunos residentes no pagaban su cuota y a la oposición del propietario de un local que hubiera perdido espacio para poder colocar el elevador.
Según el abogado de la comunidad querellante, A. M. Rodríguez Fernández, el acusado se apropió de unos 80.000 euros valiéndose de su cargo, “en un claro abuso de confianza”. En su opinión, M. F. C. utilizaba la cuenta de la calle Lóbez Pueyo para realizar cargos a otras entidades vecinales, con el fin de “simular que había más dinero”.
El presidente actual de la comunidad afectada ha explicado que echaron al administrador al comprobar que había “irregularidades económicas” y ha señalado que el propio acusado entregó un documento en el que reconocía que “no había obrado correctamente”.
El administrador que ha sustituido al imputado, ayudado por un economista, descubrió que había “facturas ficticias y movimientos de dinero en otras cuentas”. “Nos quedamos sin dinero, con un saldo negativo, y eso era incomprensible”, ha añadido el responsable del bloque, de 16 viviendas y con locales, que se encuentra cerca de la avenida de América.
En la misma línea, el actual encargado de las cuentas de la comunidad ha asegurado que, aunque en el banco había un saldo negativo, en la contabilidad figuraba otro positivo de más de 30.000 euros. Asimismo, ha dicho que entre las operaciones había cargos por la contratación de seguros ajenos a la entidad vecinal.
La subdirectora de la entidad bancaria donde la comunidad tiene abierta su cuenta ha señalado que esta se bloqueó en cuanto les comunicaron que se estaban realizando operaciones irregulares.
El abogado defensor, Joaquín Tortajada, ha pedido seis meses de cárcel y una indemnización de 18.921 euros. Pero ha subrayado que su cliente actuó obligado por “un estado de necesidad” y para “asegurar la subsistencia de su familia”. Asimismo, ha dicho que las acusaciones no han aportado pruebas de que la cantidad apropiada ascienda a 40.000 euros “y todavía menos a 80.000”.
Al final de la vista, el imputado ha tomado la palabra y ha pedido “perdón” a la comunidad "por lo que le he hecho".
