Un turolense aceptó una condena de 50 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento y prohibición de comunicación por el acoso, telefónico y presencial, al que sometió durante varios días a su expareja, que no quería saber nada de él. Fue la condena que le impuso el juez Jerónimo Cano, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, después de que admitiera los hechos y alcanzase una condena de conformidad.

Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de abril cuando, concretamente durante los días 6 y 7, envió un centenar de mensajes a través de la aplicadión WhatsApp a su expareja, cuyo contenido o cariz no viene reflejado en el fallo pero que al parecer no era amenazante, ya que si no la condena hubiese sido más dura.

Al bloquearle en la aplicación, el condenado pasó a las llamadas, y tras estas a presentarse en la puerta de su casa a esperarla. Unos hechos que perturbaron la vida de la mujer, causándole «temor, desasosiego y preocupación», refleja la sentencia.

Ante el reconocimiento de los hechos y el acuerdo de conformidad, la petición inicial de la Fiscalía por un delito de violencia de género en su modalidad de acoso se vio rebajado en un tercio. Aun así, además de los trabajos comunitarios, el acosador deberá permanecer un año sin comunicar con la víctima por ningún medio y alejado a más de cien metros de su residencia, lugar de trabajo o cualquier sitio que suela frecuentar en la ciudad.

PRECEDENTES

No es la primera ocasión en que el juez Cano, habitual en estas lides a tenor de las sentencias de las que informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, castiga este tipo de actos, incluso con mayor severidad. Hace apenas dos meses que otro hombre era enviado cuatro meses a prisión por otro de estos episodios de acoso, pena que no fue suspendida y que ha de cumplir íntegramente, pese a la conformidad, ya que los precedentes eran preocupantes.

No en vano, en el centenar de mensajes que envió amenazaba con cortarle el cuello a la mujer si la veía con otro. Y además sus circunstancias personales avalaban que sería capaz de cumplir su amenaza, ya que tenía una «extensa y prolija lista de antecedentes», con condenas por agresión sexual, violencia de género, quebrantamiento de condena y detención ilegal.