El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza admitió ayer a trámite la demanda civil contra la compañía aérea ucraniana UM Air, propietaria del Yakovlev que se estrelló en Turquía con 62 militares españoles a bordo en mayo del 2003. La demanda ha sido interpuesta por una docena de familiares, informa Efe .

Los abogados de doce de los 62 militares españoles que fallecieron el pasado mes de mayo en el accidente aéreo presentaron la semana pasada ante los Juzgados de Zaragoza una demanda civil contra la compañía aérea ucraniana UM Air, en la que reclaman 12,5 millones de euros.

Uno de los letrados de los familiares, Javier Hernández, manifestó su satisfacción por la admisión de la demanda, la primera en el ámbito civil que se presenta en nombre de familiares de los fallecidos en Turquía y que pretende que la compañía aérea responda de los daños y perjuicios.

Además, se da la circunstancia de que el juez ha admitido que se contemplen tres vías de notificación en el procedimiento para ponerse en contacto con la compañía: "Vía correo, vía comisión rogatoria internacional y a través de un funcionario similar a un notario", explicó Hernández, quien dirige el despacho Elan Abogados, que junto con Martín-Chico & Asociados (Madrid) ha redactado la demanda.

Este hecho acelera el proceso "tremendamente" y puede suponer que, una vez enviada a Ucrania la traducción de todos los documentos, la respuesta por parte de la compañía y las primeras audiencias técnicas puedan tener lugar "dentro de un par de meses", agregó.

La demanda se basa en el Convenio de Varsovia, que regula las responsabilidades por siniestros aéreos y que establece una responsabilidad objetiva del transportista "por el simple hecho de transportar".

En la demanda se reclaman cinco conceptos distintos: el daño moral, el daño de afección (la pérdida en sí de ese ser querido y dejar de tener al lado a la persona), los perjuicios económicos (para aquellas familias que tenían una dependencia económica del fallecido), los daños psicofísicos (bajas médica y secuelas) y los daños materiales (los objetos que portaban).

En la documentación aportada ante el juzgado se incluye un informe pericial del investigador de accidentes aéreos Orlando Jiménez, en el que se destaca que el accidente se debió a "un fallo humano" y que en la actuación de los pilotos "hay una cadena de errores" que les lleva "a la no conciencia de la situación".