El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de Aragón contra algunos preceptos de la Ley del Sector Ferroviario de noviembre de 2003, norma que entrará en vigor el próximo mes de mayo y que persigue la apertura a la competencia del transporte en tren.
El recurso de amparo fue aprobado por el Consejo de Gobierno por entender que la citada ley invade competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda que corresponden a la comunidad autónoma.
La ley regula la delimitación de las denominadas zonas de servicio ferroviario y establece que en ellas podrán realizarse otras actividades de carácter industrial, comercial y de servicios, cuya localización esta justificada con lo que determine el proyecto de delimitación y utilización de los espacios ferroviarios y el planeamiento urbanístico.
El tribunal también ha admitido esta semana los recursos contra esta ley de los ejecutivos de Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.
