Los damnificados en Aragón por el cierre de la clínica de iDental en Zaragoza hicieron ayer un llamamiento para que todos los pacientes perjudicados presenten quejas ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón. «Es fundamental», comentó a este diario una afectada, ya que «solo de este modo» podrán formar parte del protocolo de atención urgente puesto en marcha por la DGA, la Obra Social del hospital San Juan de Dios, la Fundación Odontología Solidaria y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón.
Cada ciudadano aquejado recibirá una carta con los formularios oportunos de solicitud de atención y oficio explicativo del protocolo. El documento deberá ser presentado ante el Ejecutivo para que, posteriormente, su caso sea valorado y se le cite con el fin de ofrecerle tratamiento en la sanidad pública.
Por eso es «vital» que cada afectado que reciba la carta la presente. De momento, los pacientes aseguraron ayer que todavía no han recibido ninguna notificación. Para ayudar a cumplimentar la documentación, representantes de la Plataforma de Afectados de iDental Unidos de Zaragoza estarán todos los jueves de este mes de agosto, de 18.00 horas a 20.00 horas, en una sala del centro cívico Teodoro Sánchez, en la plaza Mayor del barrio de San José, para ayudar a los pacientes que lo necesiten.
EXPEDIENTES
Esta medida se toma «ante la avalancha de solicitudes de información» que están recibiendo en el colectivo y la carencia de una sede física propia. «Pedimos a la Administración que asuma una posición mucho más activa no solo en la información y tramitación de reclamaciones, sino que queremos que el Salud atienda a los múltiples casos de personas que sufren dolores, infecciones bucales, desprendimientos de implantes y que no pueden esperar más», apuntaron.
Por su parte, el Gobierno de Aragón, además del protocolo para ayudar a los pacientes más necesitados, actuará como custodio de los expedientes médicos que seguían guardados en la sede zaragozana de iDental en Plaza. Según confirmaron fuentes de la DGA, guardarán los historiales entregados tras el registro policial de ayer, aunque advirtieron que cualquier consulta o trámite sobre los mismos tendrá que llegar por orden judicial, no a través del Salud ni otros organismos sanitarios, al ser pruebas de una investigación abierta.
