La Asociación de Afectados por las riadas del Ebro (Asafre) mostró ayer su malestar por el hecho de que no se acometan obras de calado en los pueblos ribereños que permitan paliar los efectos de las inundaciones. El presidente y vicepresidente del colectivo, Alfonso Barreras y Luis Pablo Latorre, denunciaron que la riada del 2018 «no está zanjada» y cuantificó en 35.000 hactáreas de cultivo inundadas en toda la ribera, 20.000 de ellas en Aragón. Asimismo, destacaron que se han tenido que trasladar 53.000 cabezas de ganado, 26.000 de porcino, 21.000 de ovino y 6.000 de vacuno), además de 94 cerdos muertos en una granja.

Según Asafre, los daños pueden ascender a 75 millones de euros, contando las pérdidas de cosecha y de las infraestructuras, así como la movilización de 600 efectivos de las administraciones, a los que agradecieron su «valentía».

Latorre lamentó que en 15 años se han tirado «millones de euros de dinero público en reparaciones que no han servido para nada», por lo que exigió un plan contundente con ayudas europeas que permita extraer áridos del cauce en aquellos lugares donde se pueda, se equilibren ambos márgenes de las riberas y se cree una nueva estación de aforo en Gallur, una vez que el río Arba desemboca en el Ebro.

También requirieron que haya partidas anuales incluidas en los presupuestos generales del Estado para acometer esas obras en el río. En opinión de los portavoces de Asafre, la limpieza en el tramo de Pradilla «no es la solución» porque habría que acometer esta limpieza de manera «más profunda y en más tramos».

El malestar de este colectivo quedó bien patente ayer en sus declaraciones. Según Barreras, «el problema es que falla el sistema. ¡Ya vale de proyectos!» exclamó para apuntar que lo que se necesitan son «medidas urgentes» porque «en el momento en que desaparezca el sector agricultor y ganadero desaparecerá el sistema». «Si no se ponen medidas urgentes desaparecerán 180.000 habitantes de los pueblos ribereños, con sus consecuencias», subrayó Barreras quien reiteró además que los afectados «no queremos cobrar seguros» sino vender la producción.

De momento no hay estimaciones oficiales sobre los daños y las afecciones en cultivos, a la espera de que baje el nivel del agua y pueda hacerse una evaluación más precisa.