El empresario Agapito Iglesias ha asegurado que los desfases que se investigan en las obras de Plaza están aclarados en sede judicial y se ha negado a contestar las preguntas que se le han hecho en la comisión parlamentaria que intenta depurar responsabilidades políticas, al igual que los otros tres imputados citados hoy por la cámara.

La comisión ha comenzado hoy a recibir a las personas relacionadas con este caso, algunas de ellas imputadas por supuestas irregularidades y malversaciones millonarias en el desarrollo y gestión de la plataforma logística, por las que hay abiertas cuatro causas en los juzgados de Zaragoza con más de veinte imputados.

Cinco de ellos estaban llamados hoy a declarar en la sesión matinal de la comisión, pero el ex consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello, no ha comparecido porque la comisión no lo ha localizado.

Todos los imputados se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas formuladas por los diputados de los cinco grupos parlamentarios que participan en la comisión que pretende depurar las responsabilidades políticas sobre la organización, funcionamiento, gestión y desarrollo de Plaza.

Pero Agapito Iglesias, en una declaración final, sí que ha justificado en cierta medida los "desfases" detectados en las obras de Plaza que ejecutó su empresa, Codesport, y ha insistido en que "no se ha facturado absolutamente nada que no se haya ejecutado", al tiempo que ha negado "cualquier injerencia" en estas obras "por parte de nadie".

Los otros tres imputados que han comparecido -el director técnico de la consultora Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, y los directivos de la UTE Plaza formada por Acciona y Mariano López Navarro Miguel Ángel Bretón y José María Jordán (en este caso por vídeoconferencia), también se han acogido a su derecho a no contestar.

Los tres han asegurado que los hechos que se analizan en la comisión de investigación ya están siendo investigados por la justicias.

El turno de comparecencias lo ha abierto José Manuel Almarza, técnico de la empresa Intecsa-Inarsa, que se encargó de la redacción del proyecto supramunicipal de Plaza.

Ha asegurado que en lo que él participó no solo no detectó ninguna irregularidad, sino que sigue pareciéndole que fue una gestión "modélica", y ha añadido que el desarrollo se planteó desde el principio a través de modificaciones, que orginariamente tenía un presupuesto aproximado de 150 millones y que después de siete modificaciones era de casi 340 millones.

También ha detallado que normalmente en la obra pública se licita con los precios del proyecto, pero en este caso no fue así y que se decidió licitar las obras con los precios "en blanco", de forma que los contratistas pusieron su propio esquema de precios, y había diferencias "significativas", en el global "a la baja", pero en algunos precios particulares al alza, entre ellos movimiento de tierras.

Por su parte, el presidente de Acciona Infraestructuras en Aragón hasta finales de 2004, Pedro Martínez, ha asegurado que "todo euro" pagado por la sociedad Plaza a la UTE formada por Acciona y Mariano López Navarro corresponde a obras "efectivamente adjudicadas" y ejecutadas y que su empresa no pagó "ni un euro" de comisiones.

Además, ha reconocido que el proceso de licitación de las obras de Plaza "escapaba" e "iba más allá" de lo que se establece en la ley de contratos del Estado, aunque no se hizo por "tapar" una mala gestión, sino por dar agilidad a un proyecto que ha calificado de "puntero".

El gerente y administrador de Autocity, Carlos Oehling, ha apuntado que decidió resolver el contrato de compra con Plaza de la segunda fase de unas naves que ejecutó Codesport por desacuerdos en sobreprecios, por el mercado, que se estaba resintiendo, y porque la calidad en la primera fase "dejaba un poco que desear" y hacía más difícil la venta.

Ha agregado que firmó con Plaza un contrato de arras para la adquisición de 119 naves prevista en dos fases, la primera por un importe de 21.477.218 euros y la segunda por 16.837.352, en total 38.314.570 euros.

Previamente, ha comparecido el que fuera jefe de obras de Codesport en la ejecución de las naves, Miguel Ángel Naya, quien ha asegurado que el coste de partida no era 14,5 millones, sino unos 22, con lo que el sobrecoste hasta 33,6 no sería de 17,8 millones.

Ante la comisión, el director facultativo del proyecto de las naves de Caladero en la Plataforma Logística de Zaragoza ha considerado que el sobrecoste de 3,3 millones en la construcción de estas naves está "debidamente justificado" y que el desfase se debió a los cambios que hubo que hacer en ellas para adecuarlas a la normativa vigente y al proceso productivo de Caladero.