Aapito Iglesias presentó ayer al juez instructor del caso pagarés, Francisco Picazo, dos avales empresariales con los que considera cubierta su parte de la fianza civil de 19 millones que, inicialmente, tenía que aportar antes del lunes junto con otros dos imputados en la causa, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril y el exconsejero delegado de la plataforma logística, Carlos Escó.
Esta misma semana, el juez amplió la responsabilidad al cuarto imputado, el exdirector técnico de la entidad, Miguel Ángel Pérez. Sin embargo, las sociedades con las que el máximo accionista pretende garantizar su parte del dinero, bautizadas con su nombre --Agapito Iglesias S. L. y Agapito Iglesias García S. L.-- bastarían a priori para cubrir un tercio de los 18,8 millones, según adelantó Aragón Digital.
Mientras los imputados agotan el plazo para abonar su parte de la responsabilidad civil, el juez ya ordenó diligencias de averiguación de bienes de cara a un futuro embargo, si las cantidades no se viesen satisfechas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza abrió esta pieza de responsabilidad civil para cubrir los pagos derivados de la presunta trama por la que los encartados se habrían repartido al menos 14 millones derivados de una obra de Codesport, empresa de Agapito Iglesias. El juez considera que hay indicios suficientes de este reparto de dinero público.
La empresa construyó unas naves para Autocity en la plataforma, que acabaron costando unos 19 millones más de los presupuestado, pasando de los 14 iniciales a los 33 que acabaron por abonarse. Parte de este sobrecoste fue abonado al empresario soriano mediante cuatro pagarés que no pasaron por el consejo de administración de Plaza, según coincidieron los exconsejeros en sus declaraciones ante el juez. Tampoco lo hizo el cambio de proyecto de las naves.
La desviación presupuestaria no fue percibida por los responsables del complejo logístico hasta hace unos meses, cuando el actual gerente, Jesús Andreu, denunció las presuntas irregularidades.
