El propietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, ha reconocido hoy que pagó 58.000 euros por un informe a la empresa Pulsar, una de las sociedades que se investiga judicialmente por la presunta emisión de facturas falsas en el denominado "Caso Plaza".
El empresario de la construcción ha comparecido durante una hora ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza, ante el que han prestado testimonio otros cuatro empresarios, entre ellos el presidente del Grupo Porcelanosa, Manuel Coloques.
Según han explicado fuentes judiciales, Iglesias ha estado colaborador y ha confirmado que su empresa pagó 58.000 euros por el informe y que se hizo porque les pareció bien a sus técnicos, que fueron los que trataron el asunto.
Agapito, que ha respondido a las preguntas del juez y el ministerio fiscal, pero no a las de la representación legal de la Diputación General de Aragón, ha explicado que también ha pedido informes a otras empresas sobre otras materias.
La empresa Pulsar es propiedad de Carolina y Patricia García Planté, hijas del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, principal implicado en el caso, a los que Iglesias dijo conocer, sin tener una relación especial con ellos, porque sus empresas han trabajado durante muchos años en la Plataforma Logística de Zaragoza, según las fuentes.
Agapito Iglesias, que llegó a la Ciudad de la Justicia en torno a las 09,00 horas y salió de los juzgados cuatro horas y media después sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, fue insultado por un grupo de hinchas del Zaragoza, que pedían su dimisión, cuando se dirigía al aparcamiento desde donde abandonó los juzgados.
También ha declarado por este caso el presidente de Porcelanosa, Manuel Colonques, imputado como administrador de Magitel, quien ha confirmado a los medios que pagó 50.000 euros a Pulsar por un estudio sobre logística para la instalación de su empresa en Plaza y no los 265.000 euros que se ha publicado y que ha calificado como "un error" que espera se aclare en los próximos días.
Colonques, quien ha declarado una media hora, ha precisado que no conoce ni al exgerente de Plaza ni a sus hijas y que hasta hace unos quince días no tenía conocimiento de la existencia de Pulsar, a la vez que ha rechazado que el pago de esta factura fuera una especie de peaje, al ser preguntado por los medios sobre este asunto.
El empresario valenciano ha añadido que el juez únicamente le ha preguntado sobre la factura.
También han declarado en el juzgado María del Mar Jaso, gerente de Laxton, que habría pagado a Pulsar una factura por más de 70.000 euros, Enrique González, de Entrerríos Automatización, por otra de más de 320.000, y Francisco Joven, de Viveros Joven, que habría abonado unos 116.000 euros y que a la salida de la sala ha enfatizado: "No soy un criminal".
La policía investiga si estas facturas pudieron ser pagos camuflados para acceder a los contratos de desarrollo y urbanización de Plaza, que corrió a cargo de la UTE Acciona MLN, unas obras en las que se habría producido una presunta malversación de más de 50 millones de euros, según la fiscalía anticorrupción.
Este caso se ha convertido en uno de los procesos judiciales más importantes en Aragón, en el que están imputados una veintena de personas, entre ellos el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Esco, que fue consejero delegado de Plaza durante varios años.
Las investigaciones se centrarían en comprobar si las cantidades que percibió Pulsar Consultoría e Inversiones facilitaron la contrata de distintos trabajos como suministradores de la de Ute que diseñó la plataforma logística.
Los testimonios de los imputados en este caso continuarán mañana, con las declaraciones del empresario Ramón Margalejo, la esposa de García Becerril, Elena Planté, y la hija mayor del matrimonio, Carolina García Planté.
En el "caso Plaza", se investigan supuestas irregularidades y malversaciones millonarias en el desarrollo y gestión de la plataforma logística, que con sus más de diez millones de metros cuadrados es una de las grandes de España.
