El fraude fiscal cometido por el Real Zaragoza en el 2010 en torno a los emolumentos del exjugador Peter Luccin ha llegado a juicio esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Pero la vista oral no se ha celebrado debido a que las partes buscan un acuerdo y a que se han aportado nuevas pruebas documentales que será preciso analizar antes de fijar con exactitud las responsabilidades pecuniarias de las partes.
Además, desde que se inició la instrucción en el lejano año 2014 se han abonado cantidades adeudadas (925.000 euros) que reducen la deuda con Hacienda a unos 400.000 euros, si bien queda por dilucidar la espinosa cuestión de las multas, que ascienden a 10 millones de euros.
Los acusados de la presunta comisión de una defraudación fiscal por importe de 895.000 euros son el exmáximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias; el directivo Francisco Checa, su excompañero Javier Porquera, el exjugador blanquillo Peter Luccin y la Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Los cuatro primeros se exponen, según la petición inicial del fiscal, a tres años de cárcel, mientras que todos ellos deberán abonar multas individuales de dos millones cada una.
"La vista oral se ha suspendido para examinar nuevas cuestiones y en busca de una conformidad", ha señalado Mar González, abogada del Estado en representación de la Agencia Tributaria, que ha indicado que la fecha elegida para retomar el proceso es el 2 de marzo próximo. En el aire quedan pendientes asuntos como los intereses de demora, habida cuenta de que el capital no tributado es de 895.000 euros, de los que 556.000 corresponden al sueldo del exjugador y 390.000 por un concepto que se debe determinar.
El problema arranca de que, presuntamente, no se tributaron los impuestos correspondientes a 1.425.000 euros, el grueso de los mismos (975.000) relacionados con el despido del futbolista.
A tenor de las declaraciones de las partes esta mañana, el escollo principal para alcanzar un acuerdo, siempre posible, es el montante de las multas.
